Fuentes fidedignas. Por Isaias Alvarez
Rómulo “N”, exfuncionario del Gobierno del Estado durante el sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca, fue vinculado a proceso penal este 16 de julio, acusado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas por haber autorizado, sin sustento legal, la compra de 2 millones 600 mil despensas a través de adjudicación directa, por un monto total de 650 millones de pesos.
La audiencia se llevó a cabo en Ciudad Victoria. El juez de control de la Primera Región Judicial del Estado determinó que existían elementos suficientes para abrir proceso en su contra por los delitos de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades y Desempeño Indebido de Funciones Judiciales o Administrativas. Le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada, misma que se mantendrá durante el tiempo que dure el proceso penal.
La operación ocurrió en el año 2021, durante la recta final del gobierno de Cabeza de Vaca, bajo el amparo del programa “Bienestar Alimenticio”. Según el expediente, Rómulo “N” aprobó de manera directa una contratación millonaria, sin pasar por procesos de licitación, favoreciendo de forma discrecional a proveedores no identificados plenamente, sin experiencia ni trazabilidad documental.
El caso tiene múltiples capas. No se trata solo de una compra irregular: es el reflejo de una lógica de poder en la que el uso del presupuesto público servía más como herramienta electoral y patrimonial, que como política de bienestar. En el cabecismo, los programas sociales no solo se manipularon, sino que se convirtieron en moneda de lealtad.
Este no es el único expediente abierto contra el exfuncionario. En enero de 2025, Rómulo “N” ya había sido vinculado a proceso por otra causa penal, también relacionada con irregularidades cometidas durante su gestión. Esta nueva carpeta representa la segunda vinculación formal en su contra. El juez otorgó tres meses para la investigación complementaria, plazo que concluye el 16 de octubre.
La Fiscalía Anticorrupción ha sido cauta en sus declaraciones, pero no omite el contexto. En un breve comunicado, la dependencia refrendó su compromiso con la procuración de justicia y dejó claro que este proceso es autónomo de otros que se han ventilado en medios o que forman parte de investigaciones en curso.
Los hechos no son menores. La cifra de 650 millones de pesos coloca esta compra como una de las más grandes realizadas bajo adjudicación directa en el sexenio anterior. La magnitud del desvío sugiere que no se trató de una decisión individual. Si hubo una red, si se extendió el beneficio, si se operó con conocimiento de altos mandos, son líneas que deberán explorarse a fondo.
El cabecismo dejó muchas cicatrices institucionales. Y también muchos pendientes judiciales. La acumulación de causas penales contra sus exfuncionarios es apenas el síntoma. Lo que sigue pendiente es desmontar la estructura completa, desde quienes firmaron los convenios hasta quienes movieron el dinero.
Rómulo “N” no es el último eslabón. Es apenas uno de los rostros visibles de un modelo de operación basado en el uso discrecional del poder. Su vinculación a proceso es relevante no por el cargo que ostentó, sino por lo que representa: el principio de rendición de cuentas de un régimen que se creyó intocable.
Por ahora, el expediente sigue abierto y el mensaje, para quienes todavía se amparan en la sombra del sexenio anterior, es claro: el cabecismo ya no tiene fuero ni blindaje. Ahora tiene cuentas pendientes ¿Seguirá su compañera Yahleel Abdala?
