Primera parte
Investigación Especial | ¿En qué se gastaron los más de 200 millones de la Presa Rompepicos “El Águila”?
Por Brenda Ramos
La presa Rompepicos “El Águila” prometía ser la gran obra hidráulica del siglo en Reynosa. Iba a detener inundaciones, proteger colonias enteras y devolverle dignidad a una ciudad que ha vivido años entre el agua y el olvido.
Sin embargo, tras las inundaciones del 27 de marzo de 2025, que dejaron al menos tres personas muertas y a miles de familias damnificadas, lo que debía ser la gran solución contra las inundaciones de Reynosa demostró no estar lista para enfrentar la emergencia. Desde entonces —y con base en ese desastre— iniciamos una investigación especial para entender por qué la prometida presa Rompepicos ‘El Águila’ no funcionó, y cómo se han ejercido los más de 200 millones de pesos destinados a esta obra.
Desde ese jueves negro, denunciamos públicamente que algo no cuadraba, en la columna titulada «Carlos Peña Ortiz; su presa fantasma y la ciudad bajo el agua». Posteriormente, abordamos en entrevista directa al alcalde Carlos Peña Ortiz, quien evitó responder quién construyó la presa, cuánto se había invertido y dónde estaban los contratos. Su respuesta fue clara: «Haz la solicitud de transparencia y luego opina».
Han transcurrido más de tres meses desde entonces, y ahora, con la información obtenida por este medio, encontramos que las adjudicaciones beneficiaron a empresas que, aunque formalmente distintas, presentan elementos comunes que en la segunda parte de esta investigación serán explorados a profundidad: coincidencias entre socios, apoderados legales y beneficiarios finales. Las dudas sobre la pluralidad y transparencia de los procesos de adjudicación no han sido aclaradas por el gobierno municipal.
Por ahora, la pregunta central permanece: ¿en qué se gastaron más de 200 millones de pesos si la obra está abandonada?
Un megaproyecto millonario que no pasó la primera prueba
El 20 de junio de 2024, el alcalde Carlos Peña Ortiz supervisó personalmente la obra de la presa “El Águila” y aseguró —según consta en un boletín oficial— que ya era de gran utilidad para reducir el riesgo de inundaciones. “Gracias a esta obra, hemos podido manejar mejor el flujo de agua”, dijo, destacando que más de 47 mil ciudadanos serían beneficiados por la construcción.
Sin embargo, apenas nueve meses después, el 27 de marzo de 2025, Reynosa colapsó. Las lluvias provocaron inundaciones que dejaron tres muertos, miles de familias damnificadas y zonas enteras bajo el agua. La infraestructura que, según el alcalde, ya estaba funcionando, no fue capaz de contener la emergencia.
Entre la opacidad y los millones: una entrevista con evasivas
Durante una entrevista realizada por esta reportera al alcalde Carlos Peña Ortiz, Peña Ortiz declaró: “Estamos ya terminando la primera fase de la primera presa. Acuérdate que son nueve presas, es un proyecto de quince, veinte años… hemos invertido 130 millones. El proyecto total es de 3 mil 400 millones de pesos. El sector privado está haciendo la segunda parte.”
Al ser cuestionado sobre los detalles de la obra, el alcalde evitó responder con claridad. En lugar de ofrecer información concreta, respondió con evasivas y añadió que, antes de emitir cualquier opinión, se debía presentar una solicitud de transparencia, una frase que utilizó para evadir la responsabilidad directa sobre los señalamientos hechos durante la entrevista.
Tres meses después de aquella declaración, ya tenemos la información obtenida a través de los canales oficiales. Tras revisar los contratos disponibles, no se encontró evidencia de algún convenio público-privado ni figura jurídica que respalde la participación del sector privado. En cambio, lo que se identificó fue una licitación pública financiada con recursos municipales, asignada precisamente a la empresa que —según el alcalde— aportaría inversión privada.
Los contratos identificados como SOP-REY-RAMO-28 RFE-018-2023-LP, SOP-REY-FORTAMUN-020-2024-LP y SOP-REY-FORTAMUN-022-2025-LP suman más de 200 millones de pesos, todos con recursos públicos, de acuerdo con la información de transparencia en poder de este medio de comunicación.
¿Y la obra? Abandonada
Aunque el Ayuntamiento ha insistido públicamente en que la presa ‘El Águila’ ya brinda beneficios tangibles, las evidencias disponibles —como el boletín oficial del 20 de junio de 2024 y el acta de cabildo del 26 de diciembre del mismo año— apuntan a que la obra dista mucho de estar terminada o en funcionamiento.
Estas declaraciones contrastan con el trabajo periodístico del reportero Alejandro García, colaborador del medio New Era TV, quien desde el año pasado ha documentado de manera sistemática el estado real del sitio. A través de múltiples visitas y publicaciones, García ha evidenciado el deterioro del terreno, la maleza crecida, la ausencia de maquinaria y la falta de personal en obra. Su cobertura, disponible en redes sociales y medios digitales, muestra con contundencia que, más allá del discurso oficial, la presa parece estar en completo abandono.
En la sesión de cabildo referida, el gobierno municipal afirmó que el proyecto presentaba “un significativo avance” y que beneficiaría directamente a más de 15 mil habitantes. Sin embargo, las imágenes captadas por el periodista, sumadas a la falta de mantenimiento visible y al deterioro físico del terreno, ponen en entredicho dicha narrativa.
Las interrogantes legales que deja el caso
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas de Tamaulipas, una licitación podría ser considerada nula si existieran vínculos entre los licitantes que comprometan la libre competencia. En este caso, los registros examinados muestran que las tres empresas contratadas para distintas etapas de la presa comparten nexos familiares, apoderados legales comunes y beneficiarios finales repetidos. Aunque operan bajo razones sociales distintas, en la práctica parecen formar parte del mismo grupo de interés.
Además de este posible conflicto en la competencia, surge una duda aún más grave: ¿de quién es realmente el terreno donde se construyó la presa?
En los archivos públicos revisados no aparece escritura, contrato de comodato, cesión o arrendamiento que acredite la propiedad o uso legal del predio a favor del Ayuntamiento. Esta ausencia genera incertidumbre jurídica sobre la inversión de más de 200 millones de pesos de recursos públicos.
Finalmente, aunque el alcalde Carlos Peña Ortiz aseguró que el proyecto era parte de un esquema mixto con participación del sector privado, no existe respaldo legal ni administrativo que confirme esa versión. Lo que sí consta es que las etapas ejecutadas se adjudicaron vía licitación pública con dinero municipal o por lo menos, repetimos es lo escrito en los documentos de Transparencia.
En la segunda parte de esta investigación («El clan detrás de la presa: contratos, parentescos y poder») se revelará el nombre de las empresas beneficiadas, sus vínculos entre sí y los contratos adjudicados. También se explorará cómo un familiar de este grupo empresarial figura actualmente como miembro del cabildo.
