Sin Filtros; por Brenda Ramos
El abogado Agustín Ávila movió el tablero legal con una impugnación, puso en jaque a todo un sistema de favores que el cabecismo intentó convertir en ley al impugnar el nombramiento de David Cerda Zúñiga como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, un viejo aliado del cabecismo, todo al no cumplir los requisitos constitucionales al momento de ser designado. Lo complejo es todo lo que esa acción remueve.
Esta historia no empieza con la elección judicial del 1 de junio de 2025. El conflicto viene desde atrás, cuando la LXIV Legislatura —entonces dominada por el cabecismo— dobló la ley a conveniencia. Corría agosto de 2021. El entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca propuso como magistrado a David Cerda, quien cinco días antes era su jefe de Oficina. El detalle: la Constitución exige un año fuera del cargo de secretario o su equivalente para poder aspirar al Poder Judicial. Pero el Congreso de entonces hizo como que no leyó.
La propuesta se recibió el 26 de agosto de 2021. Para el 30 del mismo mes ya estaba aprobado el nombramiento por el Pleno, con 28 votos a favor y 6 en contra, y David Cerda rindiendo protesta. Ese dictamen fue el producto de una sesión de Diputación Permanente presidida por Félix “El Moyo” García Aguiar, tras la licencia de Gerardo Peña Flores, y formó parte de un paquete que incluía también los nombramientos de Javier Castro Ormaechea y Andrés González Galván. Todo en fast track, con la bendición del gobernador y sin objeciones públicas del Congreso en ese tiempo, alineado al cabecismo.
Ahora, casi cuatro años después, la legalidad vuelve por sus fueros. El argumento de Agustín Ávila es sólido: la Oficina del Gobernador, según la Ley Orgánica de la Administración Pública de Tamaulipas, tiene rango de Secretaría, lo que convierte el nombramiento de Cerda en una clara violación al artículo 111 de la Constitución estatal y al 116 de la federal.
La impugnación llega justo cuando el Congreso ha demostrado que sí se pueden corregir los excesos del pasado. A diferencia de la LXIV Legislatura —alineada sin disimulo al cabecismo—, el Congreso actual ha mostrado disposición para revertir designaciones, bloquear imposiciones y abrir el Poder Judicial al escrutinio público.
La llegada de este recurso, le da al Congreso una oportunidad para seguir afirmándose como un poder autónomo, dispuesto a revisar lo que la Legislatura anterior hizo al margen de la Constitución.
Hoy, la Junta de Coordinación Política está encabezada por un liderazgo que no arrastra pactos con el pasado, por el diputado Humberto Prieto quien a venido a poner orden a los candados que dejó Cabeza de Vaca al legislativo, con muy buenos resultados.
Por otro lado, no se trata de una revancha política ni de golpear al Poder Judicial, sino de hacer lo que debió hacerse desde 2021: revisar con seriedad si el procedimiento se apegó a la ley.
Y si bien David Cerda fue ratificado por voto ciudadano este 2025, el origen de su nombramiento sigue sin responder al marco constitucional. Esa es la discusión de fondo. Esta impugnación no es personal, es un paso más en aras de que el cabecismo pague por todo el daño hecho a Tamaulipas.
