Sin Filtros; por Brenda Ramos
No falla, cada vez que la justicia se acerca a quienes juraron gobernar para servir y terminaron sirviéndose para huir, aparece el viejo manual del cinismo: “¡Me persiguen!”, gritan, mientras posan para la foto en algún rancho texano, copa de vino en mano y tweet en la otra.
Este fin de semana, el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca —ese que no pisa suelo mexicano pero sí redes sociales mexicanas— compartió con gusto una nota del periódico Reforma que acusa al Gobierno de Tamaulipas de pagar 23.2 millones de pesos para litigar “casos privados” del actual mandatario.
¿Casos privados? ¿Desde cuándo denunciar a quien usó documentos falsos para fingir residencia en Reynosa es un asunto doméstico? ¿Desde cuándo defender al estado de un intento de blindaje ilegal por parte de quien ahora corretea fuero como si fueran vacas por el rancho es “privado”?
Vamos por partes. El despacho contratado —Olea y Asociados— no defiende a Américo Villarreal como individuo, sino al Gobierno de Tamaulipas como institución. Las facturas están, los contratos también, no hay sobres amarillos ni consultorías en lo oscurito. No hay pecado por cuánto se pagó, a Cabeza le duele por qué es a él a quién se está tocando.
Y aquí viene lo interesante: la nota de Reforma surge justo cuando se acercan definiciones judiciales importantes. Justo cuando los aliados del prófugo empiezan a mover fichas. Y justo cuando algunos magistrados federales, muy amigos de Cabeza de Vaca, quieren fingir demencia ante una carpeta de investigación por falsedad documental.
Mientras tanto, en Tamaulipas, el pueblo sigue esperando justicia. ¿Cómo se interpreta que el mismo que huyó del país, que nunca dio la cara por los desfalcos, y que dejó al estado en medio de una tormenta financiera, ahora se indigne porque se le enfrente legalmente?
El mensaje de Cabeza de Vaca es claro: “Que nadie me toque, que nadie me investigue, que me devuelvan el poder”.
También olemos miedo. Miedo a que esta vez no le salga la jugada, miedo a que el discurso del perseguido político no funcione si los documentos, los contratos y las rutas bancarias se ponen sobre la mesa.
Porque si el gobernador actual no pudiera litigar en defensa de su investidura… entonces ¿quién? ¿Quién le hace frente a un exgobernador con poder económico, conexiones en el extranjero y abogados en cada esquina? ¿El ciudadano común? ¿La Fiscalía, que en su tiempo calló? ¿O el silencio cómplice?
Esta vez hay una administración que decidió usar herramientas legales —sí, legales, y sí, con recursos públicos— para detener la impunidad. Y si eso molesta a quienes le deben explicaciones a la justicia, el problema no es del gobierno. El problema es de quienes se creyeron intocables.
Dicen que la justicia es ciega, pero no es sorda. Escucha bien cuando el pueblo grita: basta de ladrones con fuero, basta de impunidad con disfraz de persecución.
Porque al final, forma es fondo:
No es lo mismo pagar abogados para encubrir delitos…
que pagar abogados para enfrentarlos de frente.
