El nuevo muro no está en la frontera, está en las remesas
Sin Filtros; por Brenda Ramos
Las remesas no son un lujo. Son comida en la mesa, techo seguro, uniformes escolares y medicamentos. Son la forma en que millones de familias latinoamericanas sobreviven gracias al esfuerzo de quienes viven y trabajan en Estados Unidos.
Por eso ha causado tanta preocupación la propuesta de imponer un impuesto del 5% a las remesas que se envían al extranjero, contenida en un proyecto fiscal impulsado en la Cámara de Representantes. El tema no es menor: tan solo en 2023, los residentes en EE.UU. enviaron 93 mil millones de dólares en remesas a nivel mundial, de los cuales más de 65 mil millones llegaron a México.
El Congreso Hispano en Estados Unidos —el Congressional Hispanic Caucus— ya reaccionó. En una carta enviada al presidente de la Cámara, señalaron que esta medida afectaría desproporcionadamente a más de 40 millones de personas, incluidas aquellas con residencia permanente o visas temporales de trabajo, mientras que los ciudadanos estadounidenses estarían exentos. Una política así, dicen, genera un sistema de dos niveles y castiga a quienes cumplen la ley y contribuyen a la economía.
También alertan que gravar las remesas puede tensar las relaciones diplomáticas con países vecinos y provocar consecuencias contrarias a las que se buscan: al cortar estos apoyos, muchas familias en situación de vulnerabilidad podrían verse obligadas a migrar, no por gusto, sino por necesidad.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó también su desacuerdo con la propuesta. Dijo que esta medida no solo sería una carga para las familias, sino que entorpecería los esfuerzos para reducir la migración irregular. Y tiene razón: cualquier política que afecte la subsistencia de miles de hogares está condenada a fallar desde el principio.
Las remesas, como también ha señalado el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, son clave para la estabilidad económica de muchos países. Financian desde microempresas hasta educación, infraestructura y proyectos comunitarios. En lugares como Haití, Honduras o El Salvador, representan entre el 20% y el 30% del PIB.
Por eso, más que pensar en nuevas cargas fiscales, lo que necesitamos son políticas que reconozcan y respeten el esfuerzo de quienes trabajan fuera de su país y aún así no olvidan de dónde vienen.
Ayudar a la familia no puede convertirse en un castigo. Y el envío de remesas no debe ser tratado como si fuera una falta. Es un acto de amor y compromiso que merece ser defendido, no gravado.
