Por Redacción Sentido Común.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos una explicación clara sobre los acuerdos realizados con Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en los que presuntamente se brindó protección a 17 de sus familiares tras su extradición.
“Es la información que tiene que dar el Gobierno de Estados Unidos, y particularmente, el Departamento de Justicia a la Fiscalía General de la República”, afirmó la mandataria durante una conferencia. Reiteró que, debido a los acuerdos internacionales de extradición, cualquier negociación con un detenido extraditado desde México debe ser informada y justificada ante el Gobierno mexicano.
Sheinbaum señaló que la Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por Alejandro Gertz Manero, debe requerir formalmente la información correspondiente como parte del marco de cooperación bilateral. “Tiene que cumplirse la colaboración en el caso de extradiciones de información”, insistió.
Además, cuestionó la coherencia del Gobierno estadounidense al etiquetar a los grupos del narcotráfico como organizaciones terroristas mientras se negocia con sus líderes. “Si hay acuerdo, tienen que informar, y segundo, cómo es que determinan que esta organización es terrorista y, aun así, se establecen acuerdos”, declaró.
El 13 de mayo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que la entrega de los familiares de Ovidio Guzmán al FBI en California formó parte de una negociación con el Departamento de Justicia. Aclaró que ninguno de ellos enfrenta cargos en México, incluida la madre del capo, Griselda López.
Carlos Mendoza, especialista en seguridad, atribuyó la salida de la familia de “El Ratón” a una posible estrategia de protección ante el conflicto entre las facciones del Cártel de Sinaloa. Según el analista, el bando de “Los Chapitos” estaría perdiendo terreno frente al grupo liderado por los herederos de Ismael “El Mayo” Zambada.
Finalmente, Sheinbaum advirtió que la calificación de estos grupos como “terroristas” no debe servir como justificación para una mayor injerencia de Estados Unidos en territorio mexicano. “Lo importante aquí es que no se use como pretexto la definición de un grupo de la delincuencia organizada como ‘terrorista’ para intervenir de alguna forma en México. Si van a entrar aquí los agentes, es con permiso y siguiendo todas las reglas”, sentenció.
