Por Redacción Sentido Común.
Ciudad de México.– El Instituto Nacional Electoral (INE) no investigará posibles vínculos de candidatos al Poder Judicial con el crimen organizado, aclaró el consejero electoral Martín Faz, quien explicó que la función del organismo se limita a revisar que los aspirantes no tengan órdenes de aprehensión vigentes, sentencias firmes por delitos graves o adeudos alimentarios.
“El acuerdo del INE va en un sentido distinto al planteado por el Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien pidió depurar las listas de candidatos con presuntos nexos criminales”, señaló Faz. “Si él desea impugnar perfiles con base en esas acusaciones, deberá presentar pruebas concretas, sin intervención del INE”, agregó.
Fernández Noroña anunció que el Senado impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a cerca de 20 aspirantes a cargos judiciales que, según sus declaraciones, “arrastran reputaciones manchadas”. Exigió al INE intervenir de inmediato para depurar las listas antes de la elección.
En respuesta, Faz precisó que el Instituto no tiene facultades para investigar acusaciones sin sustento jurídico y que el Consejo General solo considerará casos con pruebas específicas o resoluciones judiciales. “Ya hemos tenido este tipo de discusiones, como ocurrió con el caso de Cabeza de Vaca; sin elementos concretos, ninguna autoridad puede actuar”, explicó.
El INE discutió este jueves un acuerdo relacionado con la aplicación del artículo 38 constitucional, que impide el registro como candidatos a personas con órdenes de aprehensión, sentencias firmes por delitos graves, o por ser deudores alimentarios. La investigación se centrará en estos criterios y dependerá de denuncias ciudadanas o de organizaciones civiles, debido a la falta de recursos.
Faz advirtió que los resultados de las investigaciones serán aprobados el 30 de mayo, apenas un día antes de la elección. Además, aún no está definido si los informes sobre candidatos no elegibles serán enviados al Senado o directamente al Tribunal Electoral, que tendría la facultad de retirarlos de la contienda.
“La responsabilidad inicial de revisar la idoneidad de los aspirantes era de los comités de evaluación, y no lo hicieron. Nosotros sólo podemos actuar dentro del marco legal y con base en hechos comprobables”, concluyó Faz.
