Fuentes fidedignas. Por: Isaías Álvarez
Cuenta la historia hebrea que hubo un tiempo en que el pueblo de Israel fue llamado a la guerra, y que Gedeón, su líder, reunió un ejército de 32 mil hombres para enfrentar al enemigo. Pero Yahvé el Dios de los antiguos le dijo: “Son demasiados. Si ganan, pensarán que fue por su fuerza.” Así que redujo sus filas a solo 300 valientes, aquellos que no se arrodillaron a beber, los que fueron elegidos por su actitud, no por su número. Y con ellos ganó la batalla. No por la espada, sino por la convicción.
Esa historia nos recuerda a estos días en Tamaulipas, por boca de alguien que no entiende que minimizar a la gente es el primer paso para perderla. Carlos Peña, alcalde de Reynosa, al ser cuestionado por un movimiento ciudadano que exige una auditoría exhaustiva y de paso su salida, soltó con arrogancia que eran “apenas 300 personas”. Y lo dijo como quien cree que 300 son inofensivos. Pero esos 300, como los de Gedeón, no se rindieron. Reunieron más de 18 mil firmas que ya fueron entregadas ante el Congreso del Estado. Firmas que no vienen del poder ni del privilegio, sino de la gente harta de un gobierno que solo ha servido para si mismo.
En el Congreso, en voz del diputado Humberto Prieto Herrera, se dijo lo que muchos pensaban: “Es complicado que se apruebe un fondo cuando hay tantas observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado”. Lo dijo con serenidad, pero con filo. Porque ya se discute que el Ayuntamiento de Reynosa quiere solicitar 3,200 millones de pesos, mientras arrastra más de 1,800 millones sin aclarar: 1,600 millones en la COMAPA y 220 en el propio Ayuntamiento, de acuerdo con la cuenta pública 2023.
El flechazo fue directo: “Primero tienen que poner en orden lo que el auditor les está observando”, dijo Prieto. Y agregó que se pedirá un plan de austeridad urgente, pues Reynosa gastó 215 millones de pesos en “gastos personales” del alcalde y su equipo. “Es un monto que equivale a lo que tienen anualmente para operar municipios como Jaumave, Méndez o Burgos”, remató. Nutriendo la idea, no estaría mal una ley o regulación que limite los gastos “personales” de acuerdo a cada municipio.
Magaly Deándar tampoco se quedó callada: “Carlos no quiere hacerse responsable de las cosas que hace. Se despegó de la gente que votó por él y aquí están las consecuencias. La gente está molesta, está enojada, y tiene todo el derecho de manifestarse. Él, en cambio, tiene la obligación de escuchar y no de desacreditar.”
Afirmó que ya se entregaron más de 18 mil firmas para solicitar la revocación de mandato, y que el alcalde tiene que dejar de victimizarse: “Ya no puede decir que nosotros estuvimos detrás de esas firmas. Es tiempo de que se haga responsable. Como Congreso vamos a hacer lo que nos toca. No vamos a solapar a nadie. Si la debes, la pagas.”
Y no lo dijo sola: se sumaron reportes de la Auditoría Superior del Estado, que detectó observaciones por más de 1,555 millones de pesos en la cuenta pública 2023, y advirtió que ven muy difícil que puedan ser solventadas. O sea, ni siquiera hay margen de maniobra. El tiempo para responder se acaba, y las consecuencias están cada vez mas cerca.
Al parecer el Congreso no se anda con rodeos: está vigilante, atento y —esta vez— sin ganas de cargar con culpas ajenas. Porque cuando la corrupción es evidente y la gente exige revocación, nadie quiere estar del lado equivocado de la historia. Como diría el slogan de las campañas pasadas de Morena: El pueblo manda.
