Crónicas del Sur; por Juan José Tomás
En política, las palabras aguantan todo. Pero las cuentas públicas, no. Esta semana quedó claro que muchas de las auditorías que se presumían en orden eran, en realidad, auditorías de chocolate, como las llamó el nuevo auditor superior del Estado, Francisco Noriega Orozco: revisiones tan frágiles que, al menor calor, se derriten.
Una de las cuentas que hoy está bajo ese reflector es la del Ayuntamiento de Matamoros, correspondiente al ejercicio 2021, cuando Mario Alberto López Hernández era alcalde. El Congreso del Estado ordenó refiscalizar ese año, y lo que se encontró no fue menor: falta de evidencia, observaciones sin atender y un expediente que parecía haber sido sellado a la ligera.
Nadie está inventando nada. Fue el propio auditor quien explicó que se reabrieron expedientes porque no había constancia de que se hubieran auditado conforme a la ley. ¿El resultado? Un universo de observaciones por más de 11 mil millones de pesos en municipios, entre los cuales Matamoros aparece con pendientes por aclarar.
En total, se realizaron 94 auditorías a ayuntamientos. Solo 13 cumplieron. El resto, incluyendo el de Mario López, dejó huellas de opacidad: egresos sin comprobar, ingresos con inconsistencias, servicios personales sin respaldo documental y violaciones a la Ley de Disciplina Financiera. Nada nuevo. Pero ahora sí, debidamente documentado.
El plazo legal para solventar vence el 22 de abril. Pero el auditor fue honesto: “algo que no pudieron justificar en un año, no se va a resolver en treinta días”. Y eso no es persecución política. Es un ajuste de cuentas con la realidad.
Quienes creyeron que las auditorías eran un trámite ya están viendo que los tiempos cambiaron. Que lo que antes se maquillaba, ahora se exhibe. Y que la administración pública, cuando se toma en serio, ya no se conforma con simulaciones.
Porque lo que se derrite al calor no es solo el chocolate. También las mentiras presupuestarias.
