Fuentes fidedignas. Por: Isaías Álvarez
Ser joven en un cargo público muchas veces es visto como un desafío, pero en el caso de Humberto Prieto, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, ha demostrado lo contrario. La encomienda no le quedó grande, al contrario, pareciera que ciertos veteranos de la política aún no se acostumbran a que alguien de su generación pueda poner orden sin levantar la voz, sin amenazas y, sobre todo, sin servirse del poder como si fuera un botín de guerra.
No gobierna con estridencias ni con desplantes, tampoco con complacencias. No cierra la puerta a nadie, pero tampoco la deja abierta para que se meta cualquiera con intenciones de dictarle la agenda. En estos tiempos, eso es una rareza. Tiene mano izquierda para negociar, mano derecha para poner orden y, lo que más duele a algunos, una brújula que apunta siempre en una sola dirección: la justicia no es opcional.
Eso se demostró nuevamente hoy, pues desde que estalló el caso de Ismael García Cabeza de Vaca, el PAN ha intentado enmarcarlo en una narrativa de «persecución política». Curioso, porque cuando tenían el poder en sus manos, la justicia era una maquinaria bien aceitada para fabricar culpables a conveniencia y ajustar cuentas con sus adversarios. Hoy que la balanza se inclina hacia el otro lado, resulta que ya no les gusta tanto el juego.
El dato es frío, pero irrefutable: 1,500 millones de pesos en presunto desfalco. Ni discursos, ni comunicados partidistas pueden desvanecer esa cifra. Prieto lo dejó claro en la sesión legislativa: “El exigir justicia en Tamaulipas no es ninguna persecución política.”
Y con razón, porque si lo fuera, tal vez no se necesitarían más de 19 inasistencias en el Congreso para esquivar preguntas incómodas. La estadística ahí está, el diputado panista ha faltado a 19 de 34 sesiones y ha seguido una estrategia burda pero efectiva: asiste a una, falta a dos. No se necesita ser matemático para notar que, más que una falta de tiempo, lo que hay es un exceso de cálculo.
El Congreso no está para juegos, tampoco para simulaciones. La modernización del reglamento no es un capricho burocrático, es una necesidad elemental para tener orden y transparencia. Prieto no ha permitido que la Junta de Gobierno se convierta en una arena de confrontación inútil, sino en un espacio de gobernabilidad. Ahí están las reformas impulsadas en educación, justicia social y fiscalización para demostrarlo.
Algunos insisten en que esto es una cacería de brujas, como si pedir cuentas fuera un acto de venganza y no de justicia. Curioso, porque cuando ellos tenían el poder, la persecución era real y sin fundamentos; se usaba la ley como garrote contra la oposición mientras los suyos gozaban de impunidad. Ahora, el giro del destino es inevitable: los carniceros de ayer son las reses de hoy.
Y hablando de quienes se creen intocables, no hay que ir muy lejos para encontrar ejemplos. En Victoria, el alcalde Lalo Gattás enfrenta su propio frente de sabotaje político, pero no de la oposición, sino de sus propios compañeros de partido.
La nueva generación de regidores de Morena ha resultado una decepción. Más preocupados por su agenda personal que por el desarrollo de la ciudad, han bloqueado el Plan de Obra Pública 2025, a pesar de que contiene más de 120 propuestas ciudadanas. Se les ha facilitado el proyecto en dos ocasiones para que lo modifiquen y sigan con el trámite, pero prefieren seguir esperando la luz verde de «sus guías morales», como si gobernar fuera un juego de señales y no de responsabilidad.
En los pasillos de la Presidencia Municipal es un secreto a voces que la síndico primera Lili García Fuentes y la regidora Adriana Bejar Flores han encontrado más atractivo el juego de las ambiciones personales que la responsabilidad de ejercer el presupuesto aprobado. Mientras el tiempo corre, la pavimentación, la infraestructura educativa y urbana siguen en espera porque un puñado de regidores de Morena decidió jugar a la oposición… de su propio partido.
El alcalde ha mostrado paciencia, pero su límite ha llegado. De no aprobarse el Plan de Obra Pública en la próxima sesión de Cabildo, procederá legalmente. Porque al final del día, las obras no dependen de politiquería barata, sino de voluntad para gobernar.
«Es necesario que dejen la politiquería o el ciudadano los va a juzgar», advirtió el alcalde. Y ese es el punto central. La justicia no se negocia, la responsabilidad no se aplaza y la transformación no se sostiene con discursos. El que no cumple con su deber, el que apuesta a la simulación y el que prefiere hundir a su equipo antes que trabajar, tarde o temprano terminará encontrándose con el juicio más implacable de todos: el de la gente que confió en ellos.
