Por Redacción Sentido Común.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha modificado sus reglas de fiscalización para los candidatos a cargos del Poder Judicial, con el objetivo de evitar que pierdan su candidatura por faltas menores. Originalmente, algunos consejeros proponían que la omisión del Informe Único de Gastos resultara en la cancelación del registro, además de sanciones por recibir recursos públicos o privados, o asistir a eventos de partidos o coaliciones. Sin embargo, tras un intenso debate, se decidió que la cancelación de la candidatura no aplicará por la falta del informe de gastos y que se evaluará la gravedad de las otras dos faltas antes de aplicar sanciones.
A pesar de este suavizamiento, el INE mantiene sanciones severas para una veintena de infracciones relacionadas con el origen y destino de los recursos utilizados en las campañas, incluyendo amonestaciones públicas y multas que pueden ascender hasta 565 mil 700 pesos. Además, los candidatos al Poder Judicial enfrentarán restricciones significativas en cuanto a promoción. No podrán utilizar espectaculares, bardas u otros medios en la vía pública, y deberán cubrir los costos de sus campañas con recursos propios, sin recibir apoyo de fondos privados o públicos. Sin embargo, podrán financiar propaganda impresa o digital, siempre que no se pague por terceros.
El INE también supervisará estrictamente el origen de los recursos, prohibiendo actividades como sorteos, rifas o donaciones para recaudar fondos. El organismo fiscalizador tendrá acceso a la información patrimonial de los candidatos y sus dependientes económicos directos, además de monitorear cualquier indicio de desvío de recursos. Igualmente, se vigilará a los partidos políticos, que no pueden promover a los candidatos del Poder Judicial, ni participar en la promoción de nuevas organizaciones políticas.
El INE se prepara para una tarea fiscalizadora extensa, ya que deberá supervisar a más de 5,300 candidatos, además de los aspirantes a jueces locales y a alcaldías en Durango y Veracruz.
