“Claudia Sheinbaum vs. los vicios de Reynosa”
Fuentes fidedignas. Por: Isaías Álvarez
En las entregas anteriores, analizamos las irregularidades de la Ley de Ingresos 2025 de Reynosa, desde las violaciones a marcos legales como la Ley de Coordinación Fiscal hasta los riesgos financieros que enfrentan el municipio y sus ciudadanos. También desmenuzamos cómo estas maniobras están diseñadas no solo para recaudar, sino para consolidar poder político. Ahora, toca hablar del peso de las declaraciones de Claudia Sheinbaum, la urgente remoción de Esmeralda Chimal, la postura firme del Congreso del Estado y el desgaste político que enfrenta la camarilla formada por Carlos Peña Ortiz, Maki Ortiz, José Ramón Gómez Leal y sus aliados legislativos.
Claudia Sheinbaum no se anduvo con rodeos al rechazar enérgicamente los “vicios del pasado” durante su conferencia matutina. Sus palabras fueron un golpe directo a administraciones como la de Reynosa, que insisten en perpetuar actividades opacas, como los moches y los etiquetados en los presupuestos. En este contexto, la Ley de Ingresos de Reynosa 2025 simboliza todo lo que el movimiento de la Cuarta Transformación busca erradicar: corrupción disfrazada de estrategia administrativa y alianzas políticas que solo sirven a intereses particulares. La presidenta dejó claro que no habrá lugar para estas prácticas.
El Congreso del Estado también tomó cartas en el asunto, frenando los intentos del Ayuntamiento de Reynosa de imponer cobros desproporcionados e inconstitucionales. Los diputados, en sesiones de las Comisiones de Finanzas y Asuntos Municipales, señalaron que la iniciativa no solo carecía de sensibilidad económica, sino que violaba principios legales fundamentales. El rechazo a esta propuesta fue respaldado por organismos empresariales como COPARMEX y CANACO Reynosa, que advirtieron sobre el impacto devastador que estos gravámenes tendrían sobre la economía local y el empleo. La medida fue vista como una victoria para el desarrollo económico y un revés para el proyecto político del alcalde Carlos Peña Ortiz.
En cuanto a Esmeralda Chimal, como Tesorera Municipal, no puede seguir al frente de sus funciones tras el escándalo que ha generado la Ley de Ingresos. Según el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, ella tenía la obligación técnica de garantizar que la propuesta se apegara a la normatividad vigente. El Artículo 72 establece que el Tesorero Municipal debe “proponer y hacer efectivas las contribuciones e ingresos municipales de acuerdo con la legislación vigente”. Además, este artículo señala que es responsabilidad del tesorero analizar, formular y supervisar que los ingresos sean legales, proporcionales y adecuados. Es decir, cualquier irregularidad en esta propuesta recae directamente sobre ella.
El Artículo 49, Fracción III, especifica que el Presidente Municipal tiene la facultad de presentar al Cabildo la iniciativa de Ley de Ingresos, pero con base en los análisis técnicos y proyecciones realizadas por el tesorero. Esto significa que la tesorera no solo participa en la elaboración de la Ley de Ingresos, sino que debe garantizar su legalidad antes de que se someta a discusión. Su omisión o negligencia, al haber permitido una propuesta llena de cobros desproporcionados y violaciones legales, constituye una falta grave.
Además, según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Esmeralda Chimal podría ser sancionada por el ejercicio indebido del servicio público (Artículo 49), abuso de autoridad (Artículo 53) y por emitir actos administrativos contrarios a la legalidad que provoquen daño al erario público (Artículo 58). Su destitución y posible inhabilitación son pasos necesarios para limpiar las prácticas dentro del Ayuntamiento de Reynosa.
El problema no termina ahí. Esmeralda Chimal también funge como consejera de Morena, un puesto incompatible con sus acciones. Sus decisiones contravienen la ideología de la Cuarta Transformación, que busca erradicar las prácticas corruptas del pasado. Morena debe tomar medidas contundentes y removerla de su cargo como consejera, no solo por congruencia ideológica, sino para dejar en claro que en el movimiento no hay espacio para quienes traicionan los principios del partido.
Ahora bien, el equipo político que rodea a Carlos Peña Ortiz enfrenta su mayor desafío. Maki Ortiz, desde el Senado, José Ramón Gómez Leal y las diputadas Casandra de los Santos y Claudia Hernández han apostado su capital político a defender una ley insostenible. Las acciones de este grupo solo han logrado exponer la fragmentación interna de Morena y la distancia entre sus ideales y sus prácticas. Maki Ortiz se encuentra en una posición delicada. Su rol como estratega política se debilita al estar asociada con decisiones cuestionables, mientras que José Ramón Gómez Leal, a pesar de su experiencia, parece más preocupado por mantener alianzas que por el bienestar de Reynosa. Las diputadas, por su parte, han mostrado una lealtad ciega que podría costarles caro políticamente si el movimiento decide tomar medidas ejemplares. Casandra también es consejera de MORENA e igualmente podría ser removida, aunado a que ya solo se ostenta Verde.
Esta entrega cierra el ciclo de artículos dedicados a desmenuzar la ilegalidad y las jugadas políticas detrás de la Ley de Ingresos 2025 de Reynosa. Pero no es, de ninguna manera, el fin de las observaciones a esta administración municipal. Aún quedan temas pendientes como el “pino navideño de Temu”, valuado en 1.8 millones de pesos, y las maniobras contables con las que intentan maquillar cifras para seguir sangrando al pueblo. Reynosa tiene mucho por contar, y aquí estaremos para señalarlo.
