Violaciones y ambición: El inicio del descalabro fiscal en Reynosa
Fuentes fidedignas. Por: Isaias Alvarez
La Ley de Ingresos 2025 de Reynosa es un símbolo de cómo la ambición política puede sobreponerse al cumplimiento de la ley. Esta columna es la primera de una serie de cuatro entregas que analizarán las violaciones legales, las sanciones, las jugadas políticas y las acciones que el Congreso de Tamaulipas podría tomar para rectificar este despropósito.
Hoy comenzamos con el análisis de cómo esta ley viola el marco legal y lo que esto dice del liderazgo de Carlos Peña Ortiz y su Cabildo. Desde su concepción, la Ley de Ingresos 2025 contraviene con la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Hacienda Municipal y el propio Código Penal Federal. Estas transgresiones no solo ponen en riesgo la estabilidad financiera del municipio, sino que también generan un precedente peligroso en la administración pública. Los principios de proporcionalidad, equidad y armonización fiscal, que son la base de la coordinación tributaria en México, han sido ignorados de manera flagrante en esta propuesta.
El artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal es una de las primeras disposiciones violadas. Este artículo regula la distribución de recursos provenientes de recaudaciones locales, garantizando que los municipios respeten coeficientes establecidos en coordinación con la Federación. Sin embargo, la Ley de Ingresos de Reynosa introduce cobros como el registro en el Padrón Fiscal Municipal de Unidades Económicas, que duplican cargas tributarias y carecen de sustento en la normativa federal. Esta acción rompe el equilibrio tributario y deja a Reynosa expuesto a sanciones y litigios.
El artículo 4 de la misma ley, que regula el Fondo de Fiscalización y Recaudación, también es ignorado. Este, basado en la proporcionalidad y en datos históricos, no permite alteraciones arbitrarias en la base de recaudación. Los cobros desmedidos que la propuesta impone a sectores como supermercados y bancos no solo distorsionan las fórmulas establecidas, sino que ponen en peligro la elegibilidad de Reynosa para recibir estos recursos.
El artículo 6, que garantiza participaciones no inferiores al 20% del total asignado al estado, y el artículo 7, que regula la distribución mensual de estas participaciones, también son vulnerados. Al imponer cobros adicionales sin coordinarse con el sistema tributario federal, Reynosa enfrenta el riesgo de ajustes en sus participaciones, afectando directamente a la ciudadanía.
Por su parte, el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que las participaciones son inembargables y no deben destinarse a fines específicos fuera de las excepciones previstas. Este principio se contradice con la Ley de Ingresos al introducir nuevos tributos sin bases legales claras. Peor aún, el artículo 11 permite a la Federación reducir las participaciones en caso de incumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, una amenaza latente para Reynosa si esta ley sigue adelante.
La Ley General de Hacienda Municipal no queda exenta de violaciones. En sus principios básicos, esta legislación enfatiza en la proporcionalidad y equidad en las contribuciones. Sin embargo, la Ley de Ingresos de Reynosa establece cobros que afectan desproporcionadamente a ciertos sectores económicos, como los supermercados y tiendas de conveniencia, en violación directa de estos principios.
Finalmente, el Código Penal Federal, en sus disposiciones sobre abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público, podría ser aplicable si se demuestra que los responsables de esta propuesta actuaron con dolo o negligencia al elaborar disposiciones contrarias al marco legal vigente.
La Ley de Ingresos 2025 no es solo una mala propuesta fiscal, es un reflejo de la falta de liderazgo y visión en la administración de Carlos Peña Ortiz. Esta ley, con sus violaciones legales y sus implicaciones financieras, es un recordatorio del apetito voraz que tiene la familia Peña Ortiz por recaudar, que por cierto viene haciendo ya por cuatro administraciones.
Por su parte, el Cabildo que se supone debe vigilar los intereses del pueblo y detener la avaricia y rapacidad de los Peña Ortiz, ha demostrado ser una extensión dócil de la voluntad del alcalde, incapaz de cuestionar y mucho menos de actuar en beneficio de los ciudadanos.
En los próximos artículos, analizaremos las sanciones que esta ley podría desencadenar, la estrategia política detrás de su implementación y cómo el Congreso local podría aprovechar esta coyuntura para tomar medidas contundentes, incluida la remoción de los responsables de este desastre.
Por ahora, queda claro que Reynosa no necesita leyes como esta, ni administraciones que las impulsen o aprueben sin considerar las consecuencias. La ciudad quiere a los makitos fuera, y se lo externará tarde o temprano.
