Sin Filtros; por Brenda Ramos
¿Qué sucede cuando los encargados de hacer y respetar la ley son, en realidad, los primeros en pisotearla? Tamaulipas está siendo testigo de un espectáculo deplorable: figuras políticas que se esconden, que reciben amparos para evitar ser detenidos y que están inhabilitadas para ejercer cargos públicos debido a su ineptitud. Sin embargo, ahí están los cabecistas, que en lugar de representar a la ciudadanía desde la 66 Legislatura, quieren convertirla en un escenario donde la impunidad sea la norma y el poder se use como un escudo para proteger sus propios intereses, sin el menor respeto por la legalidad ni el servicio a la gente.
Por un lado, Ismael García Cabeza de Vaca ha logrado evadir la justicia gracias a un amparo otorgado por un juez federal de Victoria, evitando así ser detenido por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita. ¿Y qué hace mientras tanto? No se presenta a rendir protesta ni a registrarse en el Congreso como diputado plurinominal. Es un ejemplo más de cómo su familia sigue utilizando el poder como un escudo para evitar responsabilidades, evidenciando cómo la complicidad entre jueces y políticos perpetúa la corrupción. No hay otro término para describir lo que ocurre aquí: impunidad garantizada desde los más altos niveles del poder judicial y político.
En cuanto a Gerardo Peña Flores, otro diputado electo del PAN, fue notificado por el Congreso de que ha sido inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública. La razón: negligencia administrativa en la entrega de patentes y Fiat de Notarios Públicos durante su cargo como Secretario General de Gobierno bajo el mandato de Francisco García Cabeza de Vaca, violando la Ley del Notariado de Tamaulipas. Esta inhabilitación, que lo imposibilita para ejercer el servicio público hasta septiembre de 2025, parece no tener importancia para Peña Flores, quien sigue pretendiendo aferrarse a su diputación como si las reglas estuvieran hechas para ser ignoradas por él y su grupo.
Sin embargo, el comportamiento irrespetuoso de este grupo cabecista hacia el poder Legislativo Estatal no es nuevo ni aislado. El año pasado, el Congreso del Estado fue escenario de una agresión contra el periodista José Inés Figueroa. Diputados del PAN, incluidos Vicente Verástegui Ostos y Leticia Sánchez, lo atacaron físicamente mientras intentaban tomar la Junta de Coordinación Política. Aunque ni Gerardo Peña ni Ismael García Cabeza de Vaca participaron directamente en la agresión, forman parte de este mismo grupo que usa la violencia y la intimidación para callar a quienes intentan exponer la verdad. Este episodio fue un claro recordatorio de que, para estos políticos, la fuerza es la herramienta predilecta cuando sus intereses son cuestionados.
La agresión hacia José Inés Figueroa fue un acto cobarde y premeditado, un ejemplo del abuso de poder al que están acostumbrados los cabecistas. Fue el uso de la fuerza no solo para intimidar, sino para enviar un mensaje a todos aquellos que se atrevan a cuestionar. Estos actos reflejan el nivel de desesperación al que algunos políticos están dispuestos a llegar cuando el escrutinio público pone en riesgo sus privilegios. Es en medio de estas acciones de represión directa cuando vale la pena preguntarnos: ¿dónde trazamos la línea entre el derecho a cuestionar a los servidores públicos y el respeto a sus momentos personales?
La respuesta no es sencilla, y el caso de Ubaldo Castillo Martínez ilustra lo complejo de este equilibrio. Sonó mucho la semana pasada, un enfrentamiento entre el servidor público y un reportero, pero el contexto fue muy diferente. Ubaldo se encontraba en compañía de su esposa e hijos, disfrutaba de un partido de fútbol, completamente fuera de sus responsabilidades oficiales. Sin embargo, fue confrontado en un momento íntimo, poniendo en riesgo la tranquilidad y seguridad de su familia. Aquí no hablamos de un abuso de poder desde la autoridad, sino de una falta de consideración desde el otro lado, desde aquellos que, en busca de la historia, olvidaron los límites del respeto y la empatía.
Ambos incidentes —la agresión a José Inés y el malentendido con Ubaldo— reflejan los desafíos constantes en la relación entre el poder y la prensa. Mientras que unos abusan de la fuerza para silenciar, otros pierden la perspectiva del respeto cuando la oportunidad de una historia se presenta. En este caso, la defensa de Ubaldo no es solo la defensa de un servidor público, sino la defensa de su derecho a tener momentos personales. Aquel que no hubiera defendido a su familia, a sus hijos chiquitos y a su esposa en su situación, que tire la primera piedra.
Regresando al tema principal, el patrón de conducta del grupo cabecista es evidente: amparos para evitar rendir cuentas, inhabilitaciones que se ignoran, agresiones físicas para acallar a la prensa. Este grupo de panistas no solo actúa sin remordimientos, sino que parecen disfrutar de la sensación de poder que les permite salirse con la suya una y otra vez.
El PAN en Tamaulipas ha llegado a un punto crítico, en el que sus candidatos ya no son (excepto honrosas excepciones) seleccionados por sus capacidades de liderazgo , sino por su disposición a doblar las reglas y protegerse entre sí, para servirse del poder en lugar de servir con este.
