Por Redacción SC.
Las tomas clandestinas de combustible han experimentado un alarmante incremento del 123% durante el actual sexenio comparado con el periodo anterior. A pesar de los esfuerzos anunciados por el gobierno para erradicar esta práctica, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha reportado un récord histórico de 64,032 tomas ilegales en su red de distribución desde 2019 hasta 2023, superando ampliamente las 28,688 detectadas entre 2013 y 2017.
El fenómeno del huachicoleo, lejos de disminuir, se ha vuelto una actividad cotidiana, especialmente notoria en las autopistas México-Querétaro y México-Puebla, donde la venta de combustible robado se realiza a plena luz del día. A pesar de la presencia constante de la Guardia Nacional, los puntos de venta ilegal proliferan, evidenciando la magnitud del desafío que enfrenta la administración actual.
En un paisaje marcado por la impunidad, vendedores ambulantes señalan descaradamente a los conductores hacia garrafas y bidones de combustible ilícito, incluso bajo la vigilancia de las fuerzas de seguridad. En particular, el tramo del kilómetro 80 de la autopista de Puebla a la Ciudad de México se ha convertido en un símbolo de la crisis: una gasolinera legítima se ve eclipsada por al menos 11 puestos improvisados que ofrecen combustible a precios reducidos.
La respuesta del gobierno ante la proliferación inicial de tomas en 2019 fue el cierre de ductos y el transporte de combustible por carretera. Sin embargo, esta medida parece haber tenido un efecto contrario, ya que los huachicoleros intensificaron sus operaciones ilegales en rutas críticas como las que conectan Tuxpan con la Refinería de Tula y de ahí a la CDMX y la Refinería de Salamanca, extendiéndose incluso hasta Jalisco.
El presidente López Obrador, en una declaración reciente, aseguró que el robo de combustible se ha reducido en un 94.2%, lo que representaría un ahorro de 337 mil 730 millones de pesos desde diciembre de 2018 hasta junio pasado, una cifra que equipara al costo de la nueva refinería de Dos Bocas. No obstante, la realidad en las carreteras y la estadística de tomas clandestinas cuentan una historia diferente, una que continúa desafiando las estrategias gubernamentales y planteando serias preguntas sobre la efectividad de las políticas implementadas para combatir este flagelo.
