XALAPA, Ver. (apro).- El Colectivo por la Paz exigió al gobernador Javier Duarte aclarar el “protocolo” de búsqueda e investigación de desaparecidos en la entidad.
En particular de los 165 casos “resueltos”, presumidos por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ).
En rueda de prensa, Anaís Palacios, vocera de la organización, precisó que si bien el gobierno de Duarte presentó más de un centenar de casos de éxito, ninguno de ellos tiene que ver con las 67 “desapariciones forzadas” que ellos manejan.
“¿Dónde los localizaron?, ¿qué métodos emplearon?, ¿quién los tenía?, ¿de donde eran los secuestrados?, ¿en qué circunstancias fueron hallados?”, preguntó Palacios, y señaló que sólo si las autoridades de seguridad y procuración de justicia de Veracruz resuelven estas interrogantes, habrá credibilidad hacia el trabajo del gobierno.
Estos cuestionamientos resueltos, agregó, darían pie a que familiares de personas desaparecidas –agrupados en el Colectivo por la Paz– puedan tener más herramientas para buscar a sus seres queridos.
Este martes fue aprobada en el Congreso local la iniciativa de ley enviada por Duarte para tipificar como delito grave la desaparición de personas en el estado.
La adición de un capítulo sobre “desaparición forzada” en el Código Penal del estado incluye multas de mil a 4 mil salarios mínimos y de 10 a 30 años de prisión cuando se compruebe la complicidad u omisión de policías, servidores públicos y agentes estatales.
Durante la aprobación de dicha iniciativa, integrantes del Colectivo por la Paz se manifestaron en el recinto legislativo para exigir un “no a la impunidad” ni “reducción de penas”.
Y es que, de acuerdo con Palacios, en varios de los casos que lleva el Colectivo se ha comprobado la participación de militares y agentes de fuerzas públicas federales, pero sobre todo de policías estatales.
Según la vocera de la organización, en la iniciativa aprobada se deja entrever en el artículo 318 bis del Código Penal la posibilidad de juntar la desaparición forzada con otros delitos como tortura o ejecución al margen de la ley por parte de fuerzas de seguridad pública.
“Lo que hemos leído en dicha ley da para presumir que el gobierno admite la comisión de otros delitos como la tortura o ejecución extrajudicial, lo cual, en términos de diferentes convenciones, constituye gravísimas violaciones a los derechos humanos”, subrayó.
Hasta ahora la Fiscalía de Veracruz reconoce la “desaparición forzada” de 715 personas desde que arrancó el actual sexenio.
Hace dos semanas Javier Duarte presentó 165 “casos de éxito” de localización de personas, lo que reduciría las alarmantes cifras de “levantones”, secuestros y personas desaparecidas.
Pero el Colectivo por la Paz Xalapa dijo no sentirse conforme con ese resultado y exigió atender los expedientes judiciales abiertos en el Puerto de Veracruz, Boca del Río, Orizaba, la capital del estado y otras ciudades.
“Reiteramos el señalamiento de la responsabilidad que tiene el gobierno del estado de Veracruz y la PGJ en la investigación, búsqueda y presentación con vida, sin distinción, de todas las personas desaparecidas en el Estado de Veracruz”, apuntó.
Además, las activistas recordaron que desde hace más de un mes el gobernador se ha negado a recibirlas para “revisar”, “analizar” e “intensificar” la búsqueda de los 67 casos que acompaña el colectivo.
De igual manera, fustigaron el “deficiente trabajo” de la PGJ en la búsqueda de personas desaparecidas, pues ni su página web está actualizada con el listado.
