Morena y sus aliados en el Senado avalaron una reforma que le permite al Presidente otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa.
Con 67 votos a favor, 32 en contra y cero abstenciones, el pleno avaló adicionar un artículo 9 a la Ley de Amnistía para señalar que el Presidente podrá otorgar la amnistía a personas que aporten elementos comprobables y útiles para conocer la verdad de hechos relevantes para el Estado mexicano sin sujetarse al procedimiento establecido.
La reforma señala que, en estos casos, no se aplicará la restricción del artículo 2 de dicha norma, el cual señala que la amnistía no puede ser aplicada a quienes hayan cometido delitos contra la vida, la integridad corporal, secuestro, cuando haya utilizado armas de fuego en la comisión del delito, a personas indiciadas por los ilícitos considerados en el artículo 19 constitucional, es decir, que ameritan prisión preventiva oficiosa o que hayan cometido delitos graves del orden federal.
Germán Martínez, senador del Grupo Plural, afirmó que la iniciativa pone en el centro al Presidente y al poder, no a las víctimas.
Recordó que actualmente la Ley de Amnistía dice en su artículo 2 que ésta no procede en casos de delitos contra la vida y la integridad corporal, de ahí que a personas como «El Mochaorejas» no se le puede perdonar; no obstante, con la reforma se podría otorgarle la amnistía a personas que hayan cometido delitos como violación, feminicidio, trata de personas, desaparición forzada, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo al Ejército, lo que es una «bofetada» a esta institución.
«Fue Marcelo (Ebrard) que denunció a Claudia Sheinbaum en la precampaña. Si ya no les alcanzó el dinero del bienestar, no debemos estar a favor de perdonar a criminales bajo ninguna circunstancia. En nombre de las víctimas, en nombre de las desaparecidas, en nombre de los desaparecidos, en nombre del dolor de las madres buscadoras, no a este perdón que no es claro, que no es transparente. ¿A quién quieren perdonar? Díganlo», demandó.
La panista Alejandra Reynoso advirtió que la reforma le da al Presidente la atribución de perdonar cualquier delito, a cualquier persona, en cualquier momento, sin control judicial y, además, la modificación propuesta no especifica cuáles serán los casos relevantes para el Estado mexicano en los que será aplicable la amnistía, de ahí que éstos serán los que disponga el Presidente.
«¿Con quién tiene compromiso Morena? En el informe de 2023 de la comisión que es la que analiza los casos para otorgar la amnistía, resulta interesante que de las 374 personas que fueron beneficiadas con la amnistía en un año, 367, fueran por delitos relacionadas con narcóticos, 367 delitos relacionados con narcóticos. ¿Con quién tiene compromiso Morena? Porque también, hay que decir, que casi una cuarta parte de esas personas son del estado de Sinaloa, ¿será por eso tantas visitas del Presidente?», cuestionó.
Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, recordó que en 2018, como Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se reunió con cientos de víctimas ante quienes se comprometió a hacer un proceso de justicia transicional; no obstante, acusó que seis años después, los mecanismos para el esclarecimiento de la verdad histórica creados por este Gobierno, como la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, se encuentran dinamitados.
«El patrón por la cual se reventaron esas instancias es porque el Ejército no lo ha permitido, ese que ustedes solapan en una cultura militarista», dijo.
Sostuvo que esta reforma es una hipocresía, porque los mecanismos de justicia ordinaria y extraordinaria están «reventados». Como ejemplo, señaló que la Comisión Nacional de Búsqueda hoy desaparece a desaparecidos.
«¿Quieren proteger a las víctimas? ¿Quieren proteger a la verdad? Trabajen con los colectivos de víctimas, trabajen por la justicia, dejen el indulto como instrumento que ya está y, en su caso, generen los mecanismos de justicia transicional a los que se comprometieron hace seis años», demandó.
En su turno, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, indicó que el objetivo de la reforma es garantizar el derecho a la verdad en asuntos de trascendencia nacional al generar un incentivo a quienes aporten elementos contundentes para el esclarecimiento de hechos que hayan lacerado gravemente a la sociedad.
«Esta reforma atiende al interés social, pues se priorizan los valores de la verdad histórica, así como el derecho de acceso a la justicia y a la garantía de no repetición de los actos», afirmó.
La Ministra en retiro rechazó que la modificación sea una atribución abierta al Poder Ejecutivo, porque entre los requisitos.
«Por ejemplo, que aporte la persona beneficiaria información útil para esclarecer la verdad; segundo, que los casos sean relevantes para el Estado, que esté siendo procesado o haya sido sentenciada o se haya ejercido acción penal en su contra por cualquier delito», explicó.
