Sin Filtros; por Brenda Ramos
Queda en el recuerdo de muchos cómo se jactaban de su gran poder los alcaldes Genaro de la Portilla, Oscar Pérez Inguanzo y Jorge Sosa Pohl, por citar algunos. Solían decir que las críticas recibidas eran trofeos políticos porque “si ladran los perros, es señal de que avanzamos”. Muy populistas, solían dejarse abrazar en la calle para alardear de respaldo; todo parecía tan real que cuesta creer lo que sucedió después.
Cometieron el pecado de Lucifer: la soberbia. Los tres fueron a dar a la cárcel, donde se quedaron sin amigos, sin salud y sin prestigio; algunos hasta la esposa perdieron.
De acuerdo con algunos testimonios, de ser orgullosos y pasársela de juerga en juerga, se volvieron cristianos humildes y hasta adoptaron la Biblia como escudo protector, justo lo que hacen todos los canallas cuando caen en prisión.
Desde luego, es mejor redimirse tarde que acabar sus días en la degeneración absoluta, pero eso no borra el daño que causaron a miles de personas y a ciudades enteras por su debilidad de carácter y mal corazón. De hecho, ya es parte de la memoria histórica.
Nadie sabe en este momento qué futuro les depara a los actuales alcaldes de Tamaulipas, y aventurar un desenlace sería arriesgado. Pero hay caminos minados que traen consecuencias, acciones que repercuten en la imagen y la credibilidad del gobernante. Y uno de esos soberbios, en la actualidad, es Armando Martínez Manríquez, de Altamira.
Han sido varios los episodios que muestran al alcalde en actitud autoritaria, a los cuales no hace falta agregar comentarios porque todos, cuando lo ven, lo repudian; Armando Martínez nunca escucha, corrige ni coopera, sin importar que se entere de hechos graves o denuncias de corrupción en su gobierno, como ocurre ahora en el Sistema DIF Altamira.
La noble institución, que preside su esposa, Rosy Luque, tiene por fuera la fachada de organismo humanitario que ayuda a los pobres y necesitados. Pero por dentro es un botín que saquean jefes y empleados que el alcalde se niega a destituir.
De pronto, la clínica del DIF comenzó a incrementar su demanda de medicamentos de manera desorbitada; por su volumen parecía más el Hospital del IMSS que los consultorios de atención inmediata de hoy. Eran lotes importantes de analgésicos, antibióticos, fármacos para la presión y algunos de control. No daba más justificación que la misma actividad de la clínica y la necesidad de los usuarios.
Sin embargo, al verificar los números de dichos lotes, varios medicamentos se hallaron en consultorios particulares, pequeñas farmacias e incluso por Internet, ya que se ofrecían a precios por debajo del mercado. ¿Cómo habían pasado del DIF Altamira a los anaqueles privados? ¿Por qué no fueron utilizados en la atención a las personas pobres y más necesitadas de Altamira, un municipio lleno de carencias y rezagos sociales? La respuesta es sencilla: porque se lo estaban robando.
Una investigación encontró pistas de este saqueo gracias a denuncias ciudadanas y al movimiento sospechoso de fármacos en el mercado negro. Cadenas comerciales con presencia en Altamira también reportaron este tráfico de medicinas de control, y alertaron del uso indebido y de repercusiones a la salud por la venta clandestina.
En realidad, la ayuda directa del DIF Altamira a las familias pobres no es ni la tercera parte de lo que gasta en salarios, fármacos y servicios externos la clínica de la institución, donde reinan la anarquía, los desvíos y la corrupción.
Estos delitos tienen responsables con nombre y apellido, y no sería correcto culpar al alcalde de esta situación. Sin embargo, después de presentarle los informes del caso, Armando Martínez Manríquez ha decidido callar y seguir como si nada pasara. Es decir, no será culpable de la acción, pero sí de la omisión.
En la carpeta que se ha integrado sobre el tema figuran los nombres Rocío Banda, Juan Antonio Inglés Clemente, Ramón Grijalva e Irving Jiménez. A nadie quiere tocar el alcalde, y ellos mismos se jactan de su condición intocables en la Clínica DIF Altamira, como si esta fuera un gobierno autónomo separado del resto.
Si no lo es oficialmente, sí de facto, ya que se han agregado quejas por el cobro de guardias de trabajo en $1500 o por medio de despensas y donaciones en especie. De esto, último, todavía se están recopilando testimonios para actuar por la vía administrativa.
Otro personaje con pésimos antecedentes es Ernesto Castillo, responsable del área de psicología en esta clínica, quien al parecer también goza de protección por órdenes de la presidencia municipal.
Armando Martínez Manríquez podrá creerse invencible y líder de los altamirenses porque siente el apoyo de uno o dos padrinos, pero es exactamente lo que sentían Pérez Inguanzo o de la Portilla antes de hundirse en prisión. Así hayan sido exonerados, así hayan sido perseguidos políticos, las heridas de la cárcel son imborrables y las llevarán consigo hasta el final de sus días.
Nadie puede asegurar si al alcalde de Altamira le espera un final feliz o desdichado; ni siquiera él mismo. No obstante, las condiciones son poco tranquilizadoras: Jorge Espino, Auditor Superior designado por voluntad de Cabeza de Vaca, ya presentó una vez 20 denuncias penales contra ayuntamientos de Tamaulipas. Y ha demostrado que le gusta encarpetar a morenistas.
