Principal

Ley podría dejar sin castigo a médicos asesinos en Tamaulipas

Sin Filtros; por Brenda Ramos

En Tamaulipas, ha muerto la primera persona que contrajo meningitis fúngica en una clínica privada de Matamoros que no cumplía con las normas de salubridad. Buscando su bienestar, sin padecer una enfermedad previa, la víctima halló la muerte por malas prácticas de los responsables de la salud.

Aunque no se ha revelado la nacionalidad de la paciente, el hecho ocurrió en uno de los tantos centros dedicados a las cirugías estéticas y reconstructivas que funcionan en la zona fronteriza debido a la demanda generada por ciudadanos estadounidenses.

Recuérdese que el alto costo de los servicios hospitalarios en Norteamérica creó el fenómeno del “turismo médico”, que en estricto sentido no consiste en viajes de recreo ni paseos sino en buscar médicos mexicanos a precios accesibles.

Varios de estos pacientes enfermaron de meningitis en clínicas de Matamoros después de practicarse cirugías plásticas. De acuerdo con las primeras investigaciones, se infectaron de un hongo que habría contaminado una anestesia llamada bupivacaína.

En los hospitales serios hay protocolos y sistemas de control que verifican la inocuidad de los insumos y del instrumental quirúrgico antes de probarlos en los pacientes. Por tal razón, los casos de meningitis fúngica de Matamoros solo pueden calificarse como negligencia médica. Fueron un error humano y no un accidente.

Sin embargo, está a punto de ocurrir una segunda tragedia para los familiares de la víctima, ya que los médicos responsables podrían quedar impunes de su crimen.

Cuesta decir que una injusticia tan grave como esta ocurra precisamente en un gobierno comprometido con la transformación. Pero el autor de este proyecto no pertenece a la administración estatal ni comparte los principios del Movimiento de Regeneración Nacional, a pesar de haber sido este partido quien lo aceptó.

Por ningún motivo debe el gobierno estatal utilizar esa ley en el caso referido, ya que las repercusiones serían económicas, políticas y hasta internacionales, pues todavía quedan 11 ciudadanos estadounidenses afectados por la meningitis que, por el solo hecho de enfermar, exigirán la reparación de daños.

La promotora de la ley para eximir a los médicos de responsabilidad en casos de negligencia fue la diputada local Casandra de los Santos Flores, quien antes de ser consejera de MORENA (Gracias a acarreados), inició su carrera en el PRI, pasando a apoyar a Miguel Ángel Almaraz del PAN y recientemente fue encarada por una de las legisladoras de este partido, acusándola de recibir $60,000.00 pesos mensuales “por abajo del agua” y que tenía las pruebas, siendo para algunos una confirmación más, de que sigue apoyando a Acción Nacional, a cada paso que da.

Según la legisladora, existe la necesidad “de proteger y amparar la figura del profesional de la salud ante el reclamo y el enojo que existe por parte de los pacientes y de sus familiares, al obtener un resultado negativo, inesperado y no deseado”. Y al muerto o la muerta, a los huérfanos de estos, ¿se les debe desproteger?

La cita de Cassandra de los Santos proviene de la iniciativa que presentó al Congreso del Estado para reformar los artículos 25 y 151 de la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas.

El artículo 25 dice ahora: “Se exime de responsabilidades a los prestadores de la salud, cuando los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud, en cualquiera de sus modalidades, no cuente con las condiciones, el equipamiento y el instrumental médico mínimo indispensable”.

El 151 establece que “no será motivo de infracción ni sanción el actuar de los profesionales técnicos y auxiliares para la salud, cuando realicen lo necesario e idóneo para salvaguardar la integridad física o la vida del paciente, debiendo acreditar fehacientemente, que no cuenta con las condiciones óptimas, herramientas e instrumentos científicamente necesarios para brindar la atención médica”.

En pocas palabras, la culpa es del hospital, del edificio, no de un error humano. Admitimos que es un tema difícil, que solo puede aclararse científicamente, pero una ley que exime por definición a alguien de la muerte o el daño que pueda causar es violatoria de los derechos y las garantías ciudadanas. Sólo un trabajo pericial, de gabinete y laboratorio, pueden eximir a alguien de culpa.

La situación descubierta por los casos de meningitis es aún más grave y escandalosa de lo que se quiere aceptar. La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios encontró en estas clínicas “la falta de acreditación profesional del personal médico para cirugías estética”. El colmo de la estafa y el crimen: dar servicios médicos sin contar con estudios de validez.

Con razón, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitió una alerta para que sus ciudadanos eviten los servicios médicos en las ciudades mexicanas de la frontera, particularmente en el Centro Quirúrgico River Side y la Clínica K-3, de Matamoros, donde se originó el contagio.

De acuerdo con Vicente Hernández, secretario de Salud, todavía hay seis personas internadas debido a la meningitis fúngica.

Ante la falta de personal acreditado para ofrecer servicios médicos, como reveló la Cofepris, se hace indispensable una cacería de clínicas “patito” en toda la frontera del estado, ya que se habla de un auge de centros manejados por charlatanes y mercenarios de la salud.

Esa es la verdadera plaga que puede matar la economía de la región fronteriza.

Notas relacionadas

Botón volver arriba