Sentido Comun
Mauricio Fernández Díaz
Ciudad Victoria.- Debería crearse una nueva figura en todos los códigos penales que se llame “delincuencia organizada con fines políticos”. Urge una medida de control contra la inicua costumbre de algunos partidos de reformar leyes locales para perpetuar su influencia en los organismos autónomos. Una vez creada esta figura, ya podría aplicarse al más reincidente de todos: el Partido Acción Nacional (PAN).
La degeneración del PAN coincide con la llegada de Ricardo Anaya a la presidencia nacional de ese partido y una cuerda de trepadores que explotaron sus cargos para hacerse millonarios. Tan cierto es que hasta hay videos, un testigo ocular y un exsenador detenido, Jorge Luis Lavalle, quien pasó más de un año en la cárcel, y hoy vive con un brazalete electrónico sujeto al pie mientas espera su juicio.
La camada de anayistas carece de neuronas para presentar al país un proyecto político convincente, pero salta de alegría cuando se trata de hallar fórmulas para concentrar el poder ilegítimamente, como hoy sucede en Tamaulipas y Nuevo León.
En estos estados, a los que podría agregarse Guanajuato, Acción Nacional aplicó el mismo plan para invadir los organismos encargados de impartir justicia y otros entes autónomos, ganara quien ganara en un eventual cambio de poder, para seguir influyendo.
Las aberraciones de los panistas, por ejemplo, permitirán que Carlos Zamarripa dure 19 años como Fiscal General del Estado de Guanajuato. Ningún cargo público, ni sumando reelección, alcanza tanto. Llegó en 2009 al puesto, por lo que ha cumplido ya 14 años. ¿Dónde se ha visto semejante abuso?
Se ha identificado a Roberto Gil Zuarth como uno de los responsables de elaborar o asesorar en proyectos legislativos para acomodar a panistas en las fiscalías por largos periodos, sin que los gobernadores entrantes puedan cambiarlos o les falten los votos para lograr eso en sus congresos.
Gil Zuarth también fue contratado como asesor del gobierno de Tamaulipas, bajo las órdenes de Cabeza de Vaca. Cuando ambos se retiraron de la entidad, ya habían dejado a Irving Barrios Mojica como Fiscal General del Estado hasta 2027, casi todo el sexenio del gobernador Américo Villarreal, abanderado de Morena.
Solo una mente criminal conspira de ese modo en contra de la voluntad popular (la gente votó por Morena en Tamaulipas) y deja a sus secuaces para desestabilizar al gobierno legítimo. Solo alguien como el exsecretario particular de Felipe Calderón, es decir, Roberto Gil Zuarth, juega sucio con la ley.
Es el mismo guión que los panistas siguieron en Monterrey, donde impusieron como Fiscal General de Nuevo León a Pedro Arce, un abogado al que los regiomontanos identifican como pelele de los líderes del PAN en aquella entidad.
Samuel García se cansó de la actuación parcial de Arce y pidió ayuda para someterlo a juicio político. Fue a la Ciudad de México a plantearle esta vía al Presidente López Obrador y a Dante Delgado, dirigente nacional de MC.
“(Arce) es el hampón de los líderes del PRI y del PAN en Nuevo León”, dijo Samuel. “Llevamos ya ocho meses tolerando, todos los días, persecución política”.
Si bien no obtuvo el compromiso público del Presidente, Samuel García aseguró que, después de una charla sobre el tema con Adán Augusto López, el Secretario de Gobernación le ofreció su apoyo para llevar a juicio Pedro Arce.
Según Samuel, el fiscal de Nuevo León es incondicional de Zeferino Salgado, quien domina a un grupo poderoso de panistas en Nuevo León, y sobre todo de Francisco Cienfuegos, perdedor de la elección en la alcaldía de Monterrey, protegido del grupo priísta de Rodrigo Medina.
En una conferencia matutina, López Obrador reconoció que los diputados locales del PAN y el PRI quieren presionar al gobernador García para satisfacer sus intereses personales.
“Estos Fiscales muchas veces llegan a tener más fuerza en los hechos que los Gobernadores”, afirmó el tabasqueño.
Como se ve, Acción Nacional es la Cosa Nostra de los Congresos Estatales, a los que secuestra para obtener impunidad y orillar a los gobernadores a negociaciones oscuras, exactamente como los senadores panistas del sexenio de Peña Nieto, entre ellos Jorge Luis Lavalle, quienes traficaron su votación a cambio de embutes.
Tamaulipas debe seguir el ejemplo de Samuel García para extirpar el cáncer de funcionarios panistas en puestos de poder, desde los cuales hacen política, no justicia. Ellos son Irving Barrios Mojica, como titular de la Fiscalía General; Raúl Ramírez Castañeda, fiscal Anticorrupción y Judit Villado Mejia, fiscal para Delitos Electorales. No son todas las áreas, pero sí las más controladas por grupos de interés.
La sociedad apoyará al gobernador Américo Villarreal en esta lucha como en ningún otro tema. Porque nadie simpatiza con las mafias.
