Sentido Común/ Mauricio Fernández Díaz
Ciudad Victoria.
Las empresas maquiladoras están haciendo su voluntad por sobre la ley con ayuda de la secretaria del trabajo trabajo Olga Sosa.
Han cerrado empresas, despedido trabajadores, acosado judicialmente a dirigentes obreros y pasado sobre los empleados sin que nadie los defiendienda
Por ley, le corresponde a la Secretaría del Trabajo esa tarea, pero alguien tuvo la ocurrencia de proponer a la arquitecta Olga Sosa a cargo de este valioso servicio, sin pensar en un especialista en derecho laboral. El resultado está a la vista: han estallado aquí y allá conflictos obrero-patronales en poco tiempo.
La paz laboral en Tamaulipas, largo tiempo presumida por los gobiernos estatales del PRI y del PAN, ha terminado. Primero estalló el paro de labores en la planta Kemet, de Ciudad Victoria, y después vino el cierre de la empresa Componente Universales, en Matamoros, el 22 de marzo, sin más indemnización que el letrero: “Fábrica cerrada hasta nuevo aviso”.
Es decepcionante que la administración de García Cabeza de Vaca, llena de hipocresía y engaños en casi todo, haya sabido proteger mejor el clima laboral que la actual administración, porque ya no pueden continuar las excusas del arranque de gobierno. Este gobierno comenzó el 1 de octubre y a partir de entonces recibe recursos, paga salarios y debe funcionar. Y lo mismo una semana después, por no decir seis meses después, que es el tiempo transcurrido. Integrar a personas ineptas al gobierno es costoso para la sociedad y puede verse como un acto de corrupción, ya que es irresponsable aceptar un cargo cuando se carece de las habilidades para desempeñarlo, como sucede con Olga Sosa.
Los trabajadores tamaulipecos fueron determinantes para lograr la alternancia política en 2022, y ahora parece que su apoyo no ha sido correspondido por el partido ganador. Y a las pruebas nos remitimos.
El 1 de febrero de este año, el Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas Maquiladoras, Similares y Conexos en Ciudad Victoria emplazó a huelga a la empresa Kemet, con el fin de actualizar el tabulador salarial, ya que tocaba hacerlo en este 2023. Igualmente, revisarían el aumento salarial anual de rigor.
De acuerdo con los términos del emplazamiento, la huelga estallaría a partir del 1 de marzo. Había un mes entero para acerca a las partes y buscar un arreglo de mutuo acuerdo; también, tiempo suficiente para que la Secretaría del Trabajo acompañase este proceso.
Pero no ocurrió ninguna de las dos posibilidades. Kemet se burló del emplazamiento presentado en la Junta de Conciliación, y los trabajadores iniciaron el paro de labores el 29 de marzo. Absurdamente, un día después, Olga Sosa compareció ante el Congreso del Estado a decir que en Tamaulipas reinaba la paz laboral.
En una vieja como artera estrategia del empresariado, Kemet pidió a la Junta Local de Conciliación desconocer la huelga e intentó dividir a los trabajadores en paro mediante esquiroles.
Si Olga Sosa se hubiera acercado un poco al conflicto quizás se habría enterado que Kemet no deseaba actualizar el tabulador, ni aumentar siquiera el 8 por ciento a estos obreros; lo que más les ofrecía era un insultante 3 por ciento.
Para completar el golpe mafioso, Kemet desconoció la huelga y contrató un abogado para denunciar penalmente por sedición, motín, asonada y amenazas a María Dolores Zúñiga Vázquez, líder del sindicado, así como a Homero González Guevara, su secretario de Conflictos.
Esto es ver para creer: en pleno gobierno transformador y humanista, a trabajadores mal pagados les ofrecen un irrisorio 3 por ciento, les desconocen la huelga y los denuncian judicialmente. ¡Ahora sí que ni con Cabeza de Vaca!
A los ojos de todo mundo, estas fallas no son atribuibles al gobernador sino a la responsable directa de la Secretaria del Trabajo, la tampiqueña Olga Sosa Ruiz, quien vive engañada pensando que su labor es entregar despensas para resolver difíciles conflictos laborales. Por supuesto, a esa acción la acompaña su respectiva publicación en Facebook; si no, ¿de qué sirve ir a los plantones?
Precisamente, dar despensas fue la fórmula que siguió de nuevo Olga en el cierre de la planta Componentes Universales de Matamoros S.A de C.V. Fabricante de balastras eléctricas, la planta echó candado el 22 de marzo sin pagar a ninguno de sus 600 trabajares, entre los cuales hay mujeres con 33 años de antigüedad.
En Matamoros no se presentaba una huelga o paro en empresas maquiladoras y de exportación desde 2019.
Una política laboral errática, lenta e impotente puede eclipsar a la administración estatal 2022-2028, pues pega donde más duele: en los hombres y mujeres que llevan el sustento a sus familias. Esos descontentos se acuerdan de las afrentas en las urnas.
