*La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para eliminar la figura del arraigo, por considerarla una medida violatoria de los derechos humanos
- CIUDAD DE MÉXICO
Al presentar la propuesta a nombre de su bancada, la vicecoordinadora Aleida Alavez indicó que ésta tiene como objetivo dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ordena dejar sin efecto la normatividad relacionada con el arraigo.
«Por eso es necesario acatar esa resolución de la Corte Interamericana, se les acabó el negocio, se les acabó el uso de estas figuras y vamos a reformar la Constitución», indicó.
En noviembre de 2022, la CIDH declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación a los derechos a la integridad, la libertad y la protección judicial en contra de Jorge Marcial Tzompaxtle, Gerardo Tzompaxtle y Gustavo Robles, quienes fueron detenidos ilegalmente, arraigados y mantenidos en prisión preventiva durante dos años y medio.
Alavez recordó que la figura del arraigo ha sido sumamente cuestionada, porque su materialización equivale a una pena de privación de la libertad anticipada.
Aunque se trata de una figura que ha estado vigente hasta ahora, la morenista indicó que ha sido una herramienta fallida utilizada en los Gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón y por el Secretario de Seguridad de éste último, Genaro García Luna.
«No es muy difícil concluir que, utilizando esta figura (Genaro García Luna) hacía y deshacían a su antojo, ya sea castigando a integrantes de bandos contrarios o, a sus socios, o liberando a culpables a cambio de jugosas sumas de dinero», dijo.
La propuesta plantea la derogación del párrafo octavo del Artículo 16 de Constitución, el cual establece que la autoridad judicial podrá decretar el arraigo de una persona a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada.
De acuerdo con este precepto, la medida podrá decretarse siempre que sea necesario para el éxito de una investigación, para garantizar la protección personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia.
Señala que si bien el arraigo no podrá exceder de 40 días, dicho plazo podrá prorrogarse en caso de que el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen, en cuyo caso no podrá exceder los 80 días.
La propuesta de eliminar el arraigo se discutirá a la par de diversas iniciativas que buscan agregar el uso de armas de fuego exclusivas del Ejército al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, otra medida que la CIDH ha recomendado al Estado mexicano eliminar, por considerarla violatoria a los derechos humanos.
Ayer, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el también morenista Juan Ramiro Robledo, descartó que la prisión preventiva pueda eliminarse pronto y anunció que analizan diversas iniciativas para aumentar el catálogo de delitos en los que esta medida pueda ser implementada.
