Por: Mauricio Fernández Díaz

Ciudad Victoria.- La reforma a la Ley General de Comunicación Social dejó boquiabiertos a los empresarios de la prensa y a los mismos informadores. Amanecieron con la noticia de que los gobiernos y las dependencias públicas no podrán gastar más de 0.1 por ciento en difusión y propaganda oficial. En algunos sentidos, se trata de una medida positiva, ya que las pasadas administraciones solían derrochar miles de millones de pesos en estos asuntos, y los únicos beneficiados eran los grandes medios, en menoscabo del periodismo independiente. El más feliz con este desenlace es López Obrador, autor intelectual del recorte, quién confía en haber herido de muerte a las empresas voraces con la nueva restricción. Sin embargo, quizás se haya dado un balazo en el pie, y aún no lo sabe.

Para darse una idea del empobrecimiento que amenaza a las empresas periodísticas con esta ley, la revista Proceso realizó unos cálculos, basada en el presupuesto de Comunicación Social de un estado del país. La cantidad resultante es meramente simbólica y no les sirve ni para pagar el recibo del agua.

Campeche maneja (o manejaba) un presupuesto anual de 24 mil millones de pesos en Comunicación Social. Con la reforma lopezobradorista, esa cantidad se convertiría solo en 24 millones de pesos.

Ahora bien, esos 24 millones divididos entre 150 medios formales (solo periódicos, televisoras y radios, sin contar portales independientes) da un total de 13 mil 300 pesos mensuales para cada uno, si el reparto se hiciera equitativo. Prácticamente, nada para el nivel de costos operativos de esas empresas.

Por ser una ley de carácter nacional, todos los entes públicos quedan sujetos a ella, sean Comapas, institutos, organismos descentralizados y, por supuesto, gobiernos estatales y municipales. Ya se percibe una violación al principio de soberanía de los estados y de autonomía de los municipios, pero aún falta tiempo para recorrer ese camino y la reforma ya quedó aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados.

El propósito de esto es evidente: debilitar, si no extinguir, a los medios de comunicación que se alían políticamente con los opositores al Presidente. Para ser honestos, no se le puede culpar a López Obrador de haber tomado una decisión así ya que lo bullean entre todos y, en contraste, no destacan sus palabras con la misma preminencia.

En los gobiernos prianistas hubo un auténtico romance con esta prensa de grandes tirajes y presencia nacional que nunca señaló con fuerza los abusos de poder y la corrupción de aquellos gobiernos, entre los cuales bastaría recordar al de Enrique Peña Nieto para quedar asqueados. Con la nueva ley se termina definitivamente esa jauja y sus mezquinas confabulaciones para sabotear a la izquierda.

Estos hechos, a pesar de ser ciertos, no justifican el exterminio de toda la prensa y sus formas de negocio, ya que también ayudan a los gobiernos a cumplir con la obligación constitucional de rendir cuentas y dar acceso a la información pública. A pesar de sus errores voluntarios e involuntarios, los informativos siguen moldeando la opinión ciudadana y tienen más experiencia que ningún gobierno para hacerlo.

En Tamaulipas, Cabeza de Vaca fue de los primeros en intentar “mandar al diablo” a los medios de comunicación para valerse por sí mismo y llegar a la gente. A partir de 2018 redujo drásticamente el gasto de comunicación en la entidad (pero no a nivel nacional), incluso dejó adeudos de 2017. Cuando lo cuestionaban, fuera de entrevista, por qué se distanciaba de la prensa estatal, él respondía: “Ya no se necesita. Con las redes sociales se hace todo”.

El resultado de esta fanfarronería fue categórico: nunca convenció a nadie con sus redes sociales, se desgastó su imagen y acabó, junto con el PAN, perdiendo la elección de 2022. La misma suerte corrió su hermano, el senador Ismael García Cabeza de Vaca, a quien deseaba convertir en su sucesor. Ismael fue el político que más gastó en plataformas digitales, apoyado por dos infames como Pedro Roldán y Álvaro Niño, y ni así mejoró un ápice su reputación.

Ahora Morena elige la misma opción y no sabe lo que le espera. Trabajar de espaldas a los medios informativos, marginarlos o de plano descapitalizarlos únicamente moverá a todos en su contra. Y viene la madre de todas las batallas para el lopezobradorismo: las elecciones de 2024.

Morena no puede tapar el sol con un dedo, como antes tampoco pudo Cabeza de Vaca y todos los que se creen Goliaths como para gobernar sin los servicios de la prensa. En la 4T hay muchos deshonestos y pájaros de cuenta que en cualquier momento se vuelven noticia por actos de corrupción. Es más, cada semana sale una historia nueva de estos personajes, respaldada con evidencia, la última de los cuales exhibió a dos cercanos de la gobernadora Layda Sansores. ¿Así quieren engañar al pueblo o van a seguir culpando a los medios de “campaña sucia”?

Para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta, dice un refrán legendario que se aplica especialmente a los gobiernos. López Obrador podrá ser el líder político más importante de México en este siglo, y se ve difícil que alguien lo iguale. Pero los que lo acompañan, su gente más cercana, vienen del viejo PRI y hasta del PAN, y siempre van a dar de qué hablar. Estamos seguros de que tienen ya una marcación personal de la prensa desde que se aprobó la reforma a la Ley de Comunicación Social.

Porque el problema de la Cuarta Transformación no son los medios conservadores, sino los funcionarios corruptos que tiene.