«Ley General de Comunicación Social en el ojo del huracán: 320 municipios panistas impugnan la ley ante la SCJN»
Por Brenda Ramos
La Ley General de Comunicación Social, que entró en vigor en diciembre de 2022, está siendo objeto de una gran cantidad de acciones de inconstitucionalidad. Según la revista Proceso, se espera que al menos 320 municipios, mayoritariamente pertenecientes al Partido Acción Nacional (PAN), demanden su invalidez ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La ley ha sido criticada por agrupaciones de municipios, partidos de oposición, el Instituto Nacional Electoral (INE) y medios de comunicación por limitar el gasto en comunicación social a 0.1% del presupuesto de los poderes de la Unión, estados, municipios, órganos autónomos y entidades del Estado, lo que se considera una restricción a la libertad de expresión y el derecho a la información.
La ley, conocida como «Ley Chayote», forma parte del paquete de medidas conocido como «Plan B», aprobado por las bancadas oficialistas (Morena, PT y PVEM) en diciembre de 2022. El impacto de la ley ha sido inmediato en miles de medios de comunicación en estados y municipios, que han visto reducido su gasto en publicidad y han postergado la firma de contratos. La crisis ha sido agravada por la falta de publicidad privada, que ha optado por la difusión en redes sociales, y por el aumento a los salarios mínimos para periodistas.
La última palabra sobre la validez de la ley será dada por la SCJN una vez que se presenten los recursos de impugnación.
