Miente su recomendado: Inventó tener 2 maestrías
Por: Mauricio Fernández Díaz

Llegan malos perfiles a conducir el Congreso de Tamaulipas

Ciudad Victoria.- Se requiere una estrategia jurídica e inteligente para desarmar el entramado de leyes que dejaron los panistas a favor de Francisco García Cabeza de Vaca, entre las cuales cabe citar los nombramientos de magistrados del Supremo Tribunal Estatal, la protección al exgobernador y sus exsecretarios, con costo a los ciudadanos, y algunas atribuciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Los diputados de Morena, ganadores de la elección de 2021, han avanzado en este objetivo, pero el Congreso del Estado ha tomado un nuevo sesgo desde la llegada de Úrsula Salazar Mojica al mando de la asamblea. Y últimamente se han agregado nuevas caras que prometen poco.

El pasado 16 de enero, abrimos una serie de interrogantes sobre las expectativas que levantaba la llegada de Úrsula Salazar Mojica a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de Congreso del Estado. Ese día, planteamos: “¿Será gestora de necesidades o traficante de influencias?… ¿Combatirá el nepotismo, la corrupción y la transa, o los multiplicará? En suma, ¿será diferente a la Jucopo del PAN, será lo mismo, o será peor?”.

Para los tamaulipecos, era de suma importancia anular la mayoría artificial que había armado el PAN para dominar la 65 Legislatura, pues supuso la subordinación del Congreso a los antojos de Cabeza de Vaca y su panda de sinvergüenzas. Finalmente, eso se logró el pasado 13 de enero, y Morena, en justicia, recuperó la mayoría calificada.

En ese momento, hicimos una advertencia: “Reemplazar al PAN por Morena solo es un cambio de partido; no implica ningún logro per se para los ciudadanos. Pude ser para bien, desde luego; pero, igualmente, puede ser para mal”.

Todavía es pronto para responder si ha sido para bien o para mal, pero ya podemos juzgar las primeras decisiones que está tomando, sobre todo las relativas a la administración de la 65 Legislatura, por ejemplo, la Secretaría General del Congreso del Estado, en la que acaban de nombrar a Juan Lorenzo Ochoa García.

Esta secretaría, podría decirse, es la parte fundamental para la operación del Congreso, el sistema nervioso central, ya que administra los recursos económicos y materiales. Con su firma se pagan o no los gastos de diputados, se contratan servicios y se realizan compras.

Y nada más tomar protesta como secretario, Juan Lorenzo Ochoa García ha empezado mal con la encomienda; pues ha puesto en entredicho su honestidad.

De acuerdo con el periódico Reforma, el señor Ochoa García miente sobre su perfil académico. Dice tener dos maestrías, según el boletín oficial que difundió el Congreso, pero en el Registro Nacional de Profesionistas no aparecen.

En el curriculum vitae que entregó a la 65 Legislatura, Juan Lorenzo Ochoa García declara tener una maestría en Administración Pública, y otra más en Derechos Parlamentarios. El periódico de circulación nacional hizo la búsqueda correspondiente, pero no figuraron estos registro a nombre del mencionado.

Eso sí, el señor Ochoa García cuenta con la cédula profesional 4882203 como licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

El problema que plantea este hecho es que Ochoa ha elegido presentarse así, como un hombre con dos maestrías. Y, al no haber obtenido todavía el registro correspondiente de cada una, ha mentido deliberadamente. Quizás las cursó y dejó pendiente la titulación, pero eso debió haber dicho.

Para la función de Secretario General, no es un requisito tener maestrías; en cambio, se debe tener integridad, honestidad, y en este ejemplo le ha faltado. Si nos ponemos exigentes, probablemente carece un poco de perfil, ya que tiene estudios de Derecho y en este puesto no se requiere interpretar leyes sino administrar dinero, y lo debe hacer eficientemente.

¿Quién nos ha mandado un abogado para manejar los gastos del Poder Legislativo? Úrsula Salazar Mojica; ella fue quien lo propuso al pleno del Congreso local.

“Posee la experiencia y capacidad suficientes para desempeñar el cargo”, sostuvo el comunicado oficial. Nos quedan dudas. Quizás estaba mejor de dónde vino, en la Subsecretaría del Trabajo, que sí requiere conocimientos del derecho.

Queda, entonces, la desagradable sensación de que se eligió por preferencias y no por aptitudes, por conveniencias personales y no por el bien del Congreso del Estado. Y la persona que ha permitido esto no se otra que Úrsula Salazar. “¿Será gestora de necesidades o traficante de influencias?”, nos preguntábamos el 16 de enero, como anticipando lo que vendría después.

Hace apenas dos años, el panista Gerardo Peña movía a su gusto al Congreso del Estado y gastaba a discreción, sin cuidar realmente el interés de sus representados, de la Legislatura ni de la entidad. Los ciudadanos lo echaron junto con los de su partidos tan pronto hubo elecciones. Conviene a la diputada Salazar mirarse en ese espejo para que no se repita.