*El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, confió en que el Poder Judicial contenga los efectos del «plan B» electoral y llamó a los ciudadanos a presentar amparos contra esa legislación
- CIUDAD DE MÉXICO
Pese a que apenas se han publicado dos de las seis leyes que contempla la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo, provocando alertas sobre sus efectos en las elecciones, el presidente del INE apeló a la defensa de los ciudadanos mediante recursos jurídicos, pues «todos somos responsables de consolidar la democracia».
«Confío mucho en el diseño constitucional. Ha habido decisiones muy importantes que la propia Corte y que tribunales constitucionales han parado, hay jueces de distrito que frente al acoso del poder han aguantado y han tomado decisiones que molestan al poder (…) El Poder Judicial está para ser incómodo al poder, no por vocación, sino por función», planteó Córdova.
«Eso supone que los partidos hagan su trabajo y que las minorías parlamentarios hagan su trabajo como ha venido ocurriendo, que se presenten acciones de inconstitucionalidad, que los órganos electorales presentemos controversias constitucionales, que los trabajadores del INE defiendan sus derechos laborales y que las ciudadanas y ciudadanos recurran a instancias jurídicas porque si se afecta al INE se afectan las condiciones de autenticidad y se afecta el derecho de voto. Este es el momento en que los ciudadanos en lo individual o de manera colectiva deben, debemos si queremos defender a la democracia, presentar todos los recursos dentro de las cauces legales».
Durante la presentación del libro «La democracia no se toca», de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, los autores y los ex consejeros electorales Jacqueline Peschard y José Woldenberg hicieron una amplia exposición sobre los efectos que puede generar el llamado «plan B» electoral en procedimientos habituales.
El consejero Ciro Murayama dijo que atenta contra la Constitución y pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a votar en elecciones libres y auténticas.
Murayama detalló que la legislación prevé la desaparición de 300 juntas distritales lo que impacta en la cartografía electoral, además de que lastima los derechos laborales de una parte de la estructura electoral
«El plan B niega la esencia de la democracia y atenta contra los derechos básicos de la democracia», sostuvo.
Por su parte Peschard, quien fue consejera electoral entre 1997 y 2003, y Woldenberg, quién encabezó el entonces Instituto Federal Electoral entre 1996 y 2003, coincidieron en el hecho de que esta reforma no fue dialogada ni consensuada con los partidos políticos, como sí ocurrió con las ocho reformas electorales de entre 1977 y 2014.
La normalidad democrática que hoy vivimos no significa que siempre haya sido así, planteó Peschard.
Fue necesario abrir el sistema de partidos, diseñar fórmulas de financiamiento y acceso a radio y televisión, resaltó.
Lo que se quiere con el «plan B» es destruir todo lo que hemos ido construyendo en los últimos 40 años, aseguró Peschard.
Woldenberg alertó que el «plan B» dinamita mucho de lo edificado en materia electoral.
«Lo edificado por varias generaciones no solo no es valorado por la actual administración sino que se pretende reconstruir el presidencialismo», afirmó Woldenberg.
