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Juez restringe los argumentos que pueden usar fiscales y defensa en juicio de García Luna

El juez Brian Cogan limitó los argumentos que pueden utilizar los fiscales y la defensa de Genaro García Luna durante su juicio. Estos son los temas que deberán evitar.

Por J. Jesús Esquivel

BROOKLYN, NY (apro).– El juez federal Brian Cogan, a cargo del juicio por narcotráfico en contra de Genaro García Luna, restringió argumentos de la defensa del exfuncionario mexicano y de los fiscales estadunidenses sobre las relaciones del acusado con funcionarios estadunidenses y sobre la riqueza que acumuló después de 2012.

Horas después de que la magistrada Peggy Kou, coordinara en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn la conformación del jurado calificador para el juicio contra García Luna, el juez Cogan replicó a las mociones que le presentaron recientemente las partes.

Sobre el pedido de la defensa de García Luna, a cargo del abogado César de Castro, de presentar como evidencia de inocencia las fotografías del acusado con funcionarios estadunidenses de alto nivel en la presidencia de Barack Obama y lo que ellos dijeron en su momento del acusado, el juez le dio la razón a la objeción del Departamento de Justicia.

“El acusado podrá presentar cinco fotografías de su elección con funcionarios estadunidenses, pero no podrá usar sus testimonios”, ordenó el juez Cogan en su respuesta a las mociones.

García Luna, amigo, asesor, confidente, mano derecha y secretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón, pretendía incluso que exfuncionarios estadunidenses como Hillary Clinton alegaran su inocencia, o que se presentará también a su favor la transcripción de lo que decían de él cuando era funcionario mexicano.

Otra de las órdenes del juez fue a favor de García Luna en su pedido de que se excluyera, por ser “irrelevante”, la información financiera sobre la “riqueza y lujos” que acumuló después de 2012, cuando salió del gobierno federal mexicano.

De Castro argumentó que la riqueza y lujos que obtuvo previos a su arresto, del 9 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas, son fruto de trabajo como consultor internacional en materia de seguridad con la emprensa que fundó con sus socios y cuya razón social está asentada en Miami, Florida.

Cogan les prohibió a los fiscales federales presentar como evidencia de culpabilidad las ganancias de García Luna como consultor, a menos que presenten en la Corte evidencias de que esa fortuna la amasó gracias a sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

En paralelo, el juez avaló la petición del Departamento de Justicia de que la defensa de García Luna no utilice como argumento de prueba el caso de la exoneración de cargos por narcotráfico en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional de México, el general Salvador Cienfuegos Zepeda.

El juez Cogan también rechazó los pedidos de la defensa de García Luna de evitar o limitar los testimonios de algunos testigos que los fiscales llevarán ante la Corte para sustentar su caso.

Entre estos testigos a los que Cogan avaló por pedido del Departamento de Justicia están Sergio Villarreal Barragán “El Grande”, Miguel Ángel Arriola Márquez, Jesús Reynaldo Zambada García “El Rey”, y del exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia.

El próximo lunes 23 de enero, la defensa y la parte acusadora presentarán ante el juez Cogan y los 12 jurados (siete mujeres y 5 hombres) sus argumentos de apertura del juicio, con lo que inicia la presentación en la Corte de pruebas y de testigos con sus testimonios.

El confidente de Calderón está acusado de cuatro delitos de conspiración internacional para traficar cocaína a Estados Unidos en colusión con el Cártel de Sinaloa, y de uno más mentirle a un agente federal de inmigración de Estados Unidos en el año 2018.

De ser declarado culpable de estos cargos por el jurado calificador, García Luna sería condenado a cadena perpetua como pena máxima, o a 20 años en la cárcel como castigo mínimo.

El secretario de Seguridad Pública de Calderón cuenta también con la oferta de los fiscales de declararse culpable, con lo que, de hacerlo, anularía el juicio para ser sentenciado a unos siete años de prisión y servir como testigo cooperante.

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