Fiscales de EU piden que García Luna no pueda usar en su defensa el caso de Salvador Cienfuegos
Fiscales de Estados Unidos pidieron al juez Brian Cogan que prohíba a la defensa de Genaro García Luna presentar argumentos referentes al caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda.
WASHINGTON (apro).– Fiscales de Estados Unidos pidieron al juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, prohibir a la defensa de Genaro García Luna presentar argumentos referentes al caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En una carta de nueve páginas, los fiscales del Departamento de Justicia solicitan al juez que también declare improcedentes los argumentos de García Luna que tengan que ver con contactos que tuvo siendo funcionario de México con sus contrapartes estadunidenses.
“En noviembre de 2020, el procurador general de Justicia de Estados Unidos (William Barr) solicitó la anulación de los cargos contra Cienfuegos, lo cual es irrelevante a este caso para que el gobierno estadunidense deseche los delitos en contra de otro funcionario mexicano (García Luna), ya que es un caso diferente, el gobierno, con todo respeto, solicita a la Corte extienda sus prioridades para que no se mencione el procedimiento contra Cienfuegos”, indican los fiscales.
La petición al juez a cargo del juicio contra García Luna, proceso judicial que inicia el 9 de enero de 2023, enfatiza que cualquier argumento de García Luna para su defensa sobre su relación con funcionarios del gobierno de Estados Unidos sería una mentira.
En los nueve folios, los fiscales el detallan al juez que, por ejemplo, de las mentiras de García Luna en sus peticiones migratorias a Estados Unidos para hacerse residente y como empresario con una visa temporal, presentó fotografías de él al lado de sus contrapartes de más alto nivel en el gobierno federal estadunidense.
Entre esas fotografías, los fiscales mencionan a las que se tomó García Luna con Janet Napolitano, Robert Mueller, Eric Holder, Hillary Clinton e integrantes del Congreso federal, como el finado senador John McCain.
“El acusado intenta con esos argumentos humanizar su caso, cuando al mismo tiempo que se reunía con los funcionarios estadunidenses seguía conspirando con la fracción del Cártel de Sinaloa de los hermanos Beltrán Leyva, para traficar drogas a Estados Unidos”, resalta la carta.
En otras palabras, los fiscales del gobierno de Estados Unidos advierten al juez que García Luna usará como argumento de su inocencia que, si hubiese sido narcotraficante, como lo acusan, por qué entonces gente como Hillary Clinton, Napolitano u Holder se reunieron con él.
Colmilludos, los fiscales le explican al juez que los funcionarios estadunidenses no tenían otra opción, ya que a García Luna lo colocaron en puestos altos del gobierno federal de México los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.
Es más, los fiscales se aventuran a insinuarle a Cogan que, de aceptar como evidencias de su defensa los contactos de García Luna con funcionarios estadunidenses al más alto nivel, el acusado podría incluso solicitar que se presenten en el juicio a testificar a favor de su inocencia.
García Luna, amigo, asesor, confidente, mano derecha y secretario de Seguridad Pública de Calderón, está acusado de cuatro delitos de narcotráfico y colusión con el Cártel de Sinaloa, además de otro, el de haberle mentido a un agente federal de inmigración cuando en 2018 inició los trámites para hacerse residente legal en Estados Unidos.
Detenido el 9 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas, por agentes de la DEA, García Luna, y de acuerdo con la misiva al juez, en sus primeras declaraciones ante quienes lo detuvieron, aunque éstas no pueden ser usadas como prueba de culpa en el juicio, se incriminó con sus palabras.
De ser declarado culpable de los cargos que se le imputan por parte de un jurado calificador, García Luna sería sentenciado a cadena perpetua como pena máxima, o a unos 20 años de cárcel como castigo mínimo.
El amigo de Calderón tiene también la oferta de los fiscales de declararse culpable y hacerse testigo cooperante, con lo que sería sentenciado a unos 7 años en prisión y después de ayudar al Departamento de Justicia a incriminar a otras personas por narcotráfico, ser liberado y deportado a México.
