Casi 13 años después de la masacre en Allende, Coahuila –donde Los Zetas mataron o desaparecieron a cientos de personas con la complicidad de policías municipales y la omisión del Ejército y fuerzas estatales y federales–, los familiares de las víctimas bregan por justicia
Casi 13 años después de la masacre en Allende, Coahuila –donde Los Zetas mataron o desaparecieron a cientos de personas con la complicidad de policías municipales y la omisión del Ejército y fuerzas estatales y federales–, los familiares de las víctimas bregan por justicia. Al horror de la violencia extrema y la pérdida de sus seres queridos, han enfrentado un tortuoso proceso burocrático que los revictimiza. Pese a las promesas del gobierno, la investigación para esclarecer los hechos y buscar a los desaparecidos no avanza y el proceso para reparar los daños se encuentra totalmente paralizado.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–La reparación integral del daño a las víctimas de la llamada “Masacre de Allende” –compromiso del Estado reivindicado por la Secretaría de Gobernación en diferentes oportunidades desde 2019– permanece incumplido.
Más aún, ante las peticiones de explicación, la dependencia no ofrece respuestas y ni siquiera admite el carácter de defensores a un grupo de abogados derechohumanistas que intenta representar formalmente a las víctimas en esta causa.
El pasado 5 de octubre, tres de las víctimas del oscuro episodio hicieron llegar a la Subsecretaría de Derechos Humanos, que encabeza Alejandro Encinas, una misiva en la que se dicen extrañadas por el incumplimiento.
En la carta, Yuliana López Ibarra, Mónica Garza Villarreal y Silvia Garza Villarreal recuerdan que tanto el propio Encinas como Olga Sánchez Cordero, cuando era secretaria de Gobernación, se comprometieron públicamente a cumplir la recomendación 10, por violaciones graves a los derechos humanos (10VG/2018), emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La recomendación se refiere a un suceso oscuro en el que oficialmente se reconoce la desaparición de 49 personas el 18 de marzo de 2011 en Allende y otros municipios de las regiones Cinco Manantiales y Frontera, ubicados en el norte de Coahuila. Las víctimas y defensores de derechos humanos sostienen que fueron más de 300 personas las desaparecidas ese día y varios posteriores.
Y es que aquel 18 de marzo, con total impunidad, la violencia se desbordó en la localidad. Inclusive, viviendas fueron demolidas con trascabos a plena luz del día. La complicidad por corrupción o bajo amenaza del presidente municipal y sus policías permitió a los atacantes llevarse a hombres, mujeres y hasta niños de brazos al rancho Los Garza, que convirtieron en un campo de exterminio. A ese lugar también llevaron a habitantes de municipios vecinos.
Lo ocurrido en Allende es uno de los casos más graves de violación a los derechos humanos que ha registrado el país durante el periodo de violencia que se detonó a partir de 2006, cuando Felipe Calderón asumió la Presidencia de México. Fue 2011 el año más violento de su sexenio.
Las víctimas de la “Masacre de Allende” y la comunidad en su conjunto han recibido las disculpas del Estado mexicano desde 2019. En tanto, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) abrió los expedientes CEAV/CIE/149/2020 y CEAV/CIE/003/2021.
Omisión de principio a fin
Pasaron siete años para que la CDNH emitiera una recomendación; ocho años para que el Estado mexicano reconociera y emitiera una disculpa y una década para que la CEAV abriera los expedientes de reparación integral del daño, la cual, a casi 13 años de los hechos, permanece en total parálisis.
