La muerte de Porfirio Sánchez Mendoza, un hombre con un historial controvertido, prendió las alarmas en la entidad y marcó al gobierno recién iniciado de la panista Teresa Jiménez Esquivel.
Aguascalientes, Ags. (Proceso).— La muerte del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) de Aguascalientes, Porfirio Sánchez Mendoza, un hombre con un historial controvertido, prendió las alarmas en la entidad y marcó al gobierno recién iniciado de la panista Teresa Jiménez Esquivel.
La mañana del jueves 17 empezó a circular en los medios locales la noticia de que el helicóptero Águila 1, perteneciente a la SSPE, se desplomó en un terreno baldío del municipio de Jesús María aproximadamente a las 07:50 horas.
Más tarde, a las 09:30, la Fiscalía General del Estado y el gobierno estatal confirmaron que en el percance falleció Porfirio Sánchez Mendoza, así como Olegario Andrade Zamorano y Victor Manuel Valdez Sánchez (piloto y capitán de la nave), Juan Humberto Rincón Martínez y Alejandro Serafín Guerrero (artilleros de la secretaría).
A las 09:45, dos horas después de ocurridos los hechos, la gobernadora panista Teresa Jiménez, quien cumple poco más de mes y medio en el cargo, ofreció una rueda de prensa para proporcionar datos generales; en la conferencia se apresuró a descartar un atentado y afirmó que se trató de un accidente, aunque no mostró evidencias ni especificó las causas que habrían originado la caída de la aeronave.
La mandataria también afirmó que el helicóptero había recibido mantenimiento en septiembre pasado y contaba con una póliza de seguro. Añadió que se realizaría un peritaje y que se sabía que el piloto realizó maniobras para no caer en las inmediaciones de un hospital cercano.
Paralelamente, medios locales obtuvieron el testimonio de un hombre que circulaba por el lugar –cuyo rostro no es visible– y narró que entre seis y siete motocicletas con hombres armados persiguieron al helicóptero y lograron acertarle un tiro en una de las hélices, lo que originó su caída, después de lo cual huyeron.
Tras confirmar el fallecimiento del secretario Sánchez Mendoza, la gobernadora nombró como titular de seguridad estatal al poblano Manuel Alonso García, quien apenas había sido designado director de la Agencia de Investigación Criminal, recién creada en el gobierno de Jiménez y adscrita a la fiscalía del estado.
El día del accidente, en entrevista con el noticiero En Punto, conducido por Denise Maerker, Alonso García detalló que no se encontraron cartuchos ni pruebas de bala en el lugar de los hechos, pero trastabilló sobre las causas: “No estamos diciendo que es un accidente, sin embargo no tenemos ninguna evidencia de que se hayan suscitado disparos”, dijo.
Cercano al grupo político del fallecido gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, Alonso García fue secretario de Seguridad Pública estatal y municipal en aquella entidad durante dos periodos distintos, además de secretario de Seguridad Pública municipal en San Andrés Cholula. En una rueda de prensa el 4 de marzo de 2021, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dijo: “Se habla de que uno de ellos fue gente que empezó su carrera policial en Puebla, perteneciente a ese grupo real, no ficticio, llamado La Hermandad, que existe en la Policía Municipal y que uno de sus fundadores, se habla de que fue el señor Alonso, también asesor de seguridad pública en el municipio de Zacatlán”.
El ahora colaborador del gobierno de Aguascalientes ha negado dichas acusaciones, que no sólo ocurrieron en 2021, sino también en 2020 cuando Barbosa aseguró que Manuel Alonso se habría quedado con un automóvil a cambio de liberar a un líder narcomenudista.
Alarmas
El día de su muerte, Sánchez Mendoza participaba en un operativo de seguridad en el municipio de Jesús María con elementos de la Policía Ministerial y de la Guardia Nacional. El plan era catear seis domicilios vinculados con narcomenudistas. Poco antes de la caída del helicóptero, tres de los seis domicilios ya habían sido cateados.
En las últimas semanas se percibían cambios en la seguridad pública del estado con el registro de ejecuciones y el inicio de lo que parecían ser enfrentamientos entre diversos cárteles por la zona.
El 13 de septiembre, días antes de la toma de protesta de Jiménez como gobernadora, grupos armados colocaron mantas –presuntamente ocho– en distintos puntos de la capital aguascalentense, incluido uno de los centros comerciales con mayor afluencia. Los mensajes aludieron al control de la “plaza” e incluso afirmaban que elementos de seguridad brindaban protección a criminales.
Pocos días después circularon videos en donde aparecen hombres armados afirmando que el Cártel de Jalisco Nueva Generación opera en los municipios de San Francisco de los Romo, Rincón de Romos, Cosío, la localidad de Valladolid y el ayuntamiento de Jesús María, donde se desarrollaba el operativo la mañana del desastre.
Figura controvertida
Desde su llegada a Aguascalientes en 2018, durante el sexenio del panista Martín Orozco, Sánchez Mendoza fue una figura controvertida. Perteneció al grupo de trabajo de Luis Cárdenas Palomino, actualmente preso por el delito de tortura, y de Genaro García Luna, quien enfrenta cargos en Estados Unidos por sus nexos con el crimen organizado.
De acuerdo con su currículum, de 2002 a 2004 Sánchez Mendoza fue jefe del Departamento de Investigación Policial de la Agencia Federal de Investigaciones en la entonces Procuraduría General de la República, y de 2004 a 2007 fungió como subdirector de Investigación Policial en la misma dependencia.
Después ocupó diversos cargos en la Policía Federal: de 2007 a 2010, jefe de Operaciones Encubiertas; de 2009 a 2010, director general del área de Tráfico y Contrabando. Entre 2010 y 2011 trabajó como coordinador de Investigación Técnica y Operación, y de 2011 a 2013 fue coordinador de Investigación de Campo en el delito de secuestro.
Desde 2014 hasta 2018 se desempeñó como director de situaciones tácticas en la Coordinación de Operaciones Especiales, cargo que dejó para convertirse en secretario de Seguridad Pública en Aguascalientes.
La detención
En septiembre pasado Sánchez Mendoza fue liberado tras haber sido acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de tortura, abuso de autoridad y falsedad de declaraciones.
La detención ocurrió en febrero de este año, en un operativo montado por elementos del Ejército e integrantes de la FGR afuera de la decimocuarta Zona Militar. Tras ser detenido, estuvo preso en el Reclusorio Norte aproximadamente siete meses.
Eso revivió otros señalamientos contra el secretario de Seguridad, como cuando ordenó la detención violenta de 22 mujeres jóvenes durante la manifestación del 8 de marzo de 2021; ocho de ellas permanecieron presas durante días. En aquel momento varios videos mostraron cómo Sánchez Mendoza instruía detener a las manifestantes con violencia y las insultaba. La administración del gobernador Martín Orozco nunca lo sancionó por esos hechos.
El primer abogado del fallecido secretario, cuyo nombre pidió reservar, confirmó a Proceso que la detención respondió a acusaciones de los detenidos por el secuestro de Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí, quien fue privado de su libertad el 4 de junio de 2008 por un comando de presuntos agentes federales. En aquel tiempo Sánchez Mendoza dirigía el área de Operaciones Encubiertas de la Policía Federal.
Tras ser revocado el primer equipo de abogados de la defensa del policía, éste nombró como sus nuevos defensores a los integrantes del despacho jurídico Observancia Legal Empresarial en materia penal, vinculados con el exprocurador de Aguascalientes Felipe Muñoz Vázquez, también acusado de tortura, como documentó Proceso en febrero de 2019.
Luego de su liberación, el 1 de septiembre pasado, el policía fue ratificado por el gobierno de Martín Orozco como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, cargo que ocupó en el inicio de la administración de la panista Teresa Jiménez hasta el percance en que perdió la vida.
