*La Reforma Electoral que impulsa la Presidencia, por ser constitucional, requiere el apoyo de dos terceras partes del Pleno de la Cámara de Diputados. De acuerdo con la aritmética legislativa, a Morena y aliados no les alcanzan los votos para aprobarla, por lo que requieren de la bancada del PRI
La Reforma Electoral que impulsa la Presidencia, por ser constitucional, requiere el apoyo de dos terceras partes del Pleno de la Cámara de Diputados. De acuerdo con la aritmética legislativa, a Morena y sus aliados no les alcanzan los votos para aprobarla, por lo que requieren de la bancada del PRI, cuyo presidente nacional y también legislador, Alejandro Moreno Cárdenas, ya ha sido presionado desde Campeche para ceder a pretensiones federales.
De tener éxito la iniciativa, el INE dejará de emitir la credencial de elector, ya no podría integrar el padrón de electores y los consejeros y magistrados electorales serán elegidos por voto popular, entre otros cambios.
El control de las elecciones para los próximos años está en juego. Desde el 28 de abril último llegó al Congreso de la Unión la propuesta presidencial para reformar el sistema electoral mexicano, pero en las próximas semanas se podrá definir su alcance en medio de una fuerte presión desde Palacio Nacional y de un intenso debate sobre el futuro del órgano que ha sido protagonista en la sucesión partidaria en la Presidencia de la República desde el año 2000.
Se trata de la propuesta federal para sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), el cual ya no se haría cargo de conformar el padrón electoral ni de expedir la credencial para votar con fotografía.
Tres ejes de la propuesta del Poder Ejecutivo son los que causan mayor controversia: el planteamiento de abrir al voto popular la elección de consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la federalización de las elecciones locales y la reducción de integrantes del Consejo General del instituto.
En el pleno de San Lázaro se perfila para antes de diciembre una posible aprobación de los cambios a la Carta Magna bajo auspicio del PRI, con todo y la advertencia de la Comisión de Venecia –órgano consultivo del Consejo de Europa–, la cual concluyó que las enmiendas propuestas «no ofrecen suficientes garantías de independencia e imparcialidad del INEC y de los jueces del Tribunal Electoral».
La estrategia
A menos de dos años de las elecciones presidenciales de 2024, el Poder Ejecutivo federal remitió a la Cámara de Diputados su propuesta de modificación a 18 artículos constitucionales en materia electoral.
De inmediato, organizaciones no gubernamentales, empresarios y políticos de oposición levantaron la voz por lo que consideraron un «atentado» contra el INE.
Según esta posición, entre los 10 objetivos del proyecto se buscaba la sustitución del órgano electoral autónomo por un INEC que perdería atribuciones relevantes.
De acuerdo con la publicación en la Gaceta Oficial de la Cámara de Diputados del 28 de abril pasado, el nuevo instituto ya no tendría la facultad para integrar el padrón de electores, pues sólo estaría a cargo de la lista nominal. Tampoco sería el responsable de emitir la credencial para votar.
- Pero la decena de puntos del proyecto de decreto se ha ido reduciendo, conforme a lo declarado por el propio presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro, el morenista Juan Ramiro Robledo: «Y, ¿qué puede haber ahora? Posibilidades de alguno que otro punto de reforma constitucional. Hay dos o tres, he identificado hasta cuatro puntos en donde se acercan algunos partidos entre sí y que pueden llegar a conformar una mayoría».
