Vinculan a proceso a tres normalistas por la quema de un vehículo en Michoacán
Un juez de control vinculó a proceso a tres normalistas detenidos el viernes 28 de octubre cuando presuntamente quemaban un vehículo durante las protestas en las que exigían plazas docentes.
MORELIA, Mich. (apro).– Un juez de control vinculó a proceso a los tres egresados normalistas detenidos el pasado viernes 28 de octubre por la Guardia Comunitaria de Cheranástico, cuando presuntamente quemaban un vehículo durante las movilizaciones para exigir a las autoridades la asignación de plazas docentes de manera automática.
Así también, les dictó prisión preventiva que podría extenderse hasta por seis meses, de acuerdo con la evolución de las investigaciones de los cargos que se les imputan, entre ellos daño en las cosas y sabotaje.
Durante la audiencia de vinculación, el juez determinó que existen elementos suficientes para someter a juicio a Cecilia S., José Luis S. y Miguel G., quienes deberán permanecer recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Uruapan mientras se resuelve el caso.
Por su parte, el sector indígena de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), exigió este viernes la liberación de los tres egresados normalistas detenidos.
El secretario de la Sección XVIII de la CNTE Poder de Base, Benjamín Hernández Gutiérrez, señaló en rueda de prensa que hay poca voluntad del gobierno estatal para solucionar la problemática de la falta de contratación de normalistas.
Comentó que lo único que demandan los egresados de la Normal Indígena son plazas docentes para trabajar.
Advirtió que las comunidades indígenas de la Meseta Purépecha están listas para iniciar movilizaciones si el Ejecutivo estatal no gestiona la liberación de los tres normalistas vinculados a proceso.
Reconoció que la Fiscalía General del Estado es autónoma y es la única que podría desistirse de la acción penal, pero expuso que se espera que sea posible llegar a acuerdos en la mesa de diálogo con la Secretaría General de Gobierno pues, a su juicio, como Estado deben asumirse actitudes conciliatorias para evitar un estallido social.
“Este conflicto dejó de ser de sector o gremio, es social, porque los jóvenes son de las comunidades originarias y ellos tienen otra forma de organizarse para hacer sus demandas”, indicó Benjamín Hernández.