Por Brenda Ramos
El estado de Tamaulipas vuelve a los encabezados nacionales e internacionales, después de que los medios de comunicación Animal Político, PROCESO, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Aristegui Noticias denunciaran que, en los documentos filtrados se da a conocer que El Ejército Mexicano compró en 2019 un contrato con la empresa Comercializadora Antsua, S.A. de C.V.. También manifestaron que con este abrían espiado a por lo menos tres personas, Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos en Nuevo Laredo, Ricardo Raphael y Daniel Moreno periodista del medio de comunicación Animal Político.
La investigación
El domingo 2 de octubre, los medios de comunicación soltaron la bomba, pues cuando en 2017 se dio a conocer que el gobierno de Peña Nieto espiaba a cientos de periodistas, activistas y opositores con Pegasus, NSO Group (la empresa proveedora) canceló los contratos que tenía en México con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Procuraduría General de la República (PGR), no se tenía la certeza que la empresa israelí canceló también las licencias otorgadas a la SEDENA.
PROCESO expuso que los nuevos elementos filtrados por los Guacaleaks mostraban que Shalev Hulio y Niv Ovadia Leibovitch, respectivos cofundador y Director de Clientes de NSO Group, en enero del 2018 enviaron cartas a la Sedena para certificar que las empresas Comercializadora Antsua, S.A. de C.V. y Aircap, S.A. de C.V. contaban con su representación exclusiva para vender su tecnología a la Sedena hasta el 31 de diciembre de 2019.
Continuando con su base en los documentos filtrados por Guacamaya, sacaron a la luz que el 18 de enero del 2020 un general adscrito a la Dirección General de Administración de Guerra Electrónica emitió un oficio en el que se refirió al contrato con clave DN-10 SAIT-1075/P/2019, celebrado el 12 de abril de 2019, que amparó el “servicio de monitoreo remoto de información» y fue fincado a la empresa “Comercializadora Antsua, S.A. de C.V.”. El servicio se habría recibido entre el 1 y el 30 de junio del 2019 y que se emitió una factura al respecto.
Sin embargo, dicho contrato no aparece en la base de datos de contrataciones federales Compranet, y cuando en las solicitudes de información 0000700340519 o la 0000700340619 se preguntó sobre sus contratos con Comercializadora Antsua la Sedena respondió que nunca celebró contrato alguno con la empresa.
Con base a esto, los medios de comunicación publicaron que la SEDENA mintió y ocultó dicha información. La investigación también expuso que Comercializadora Antsua y Aircap forman parte red de compañías mexicanas que gravitan alrededor de Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, el empresario de origen israelí que vendió Pegasus al gobierno de Peña Nieto, y al que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) investigan por lavado de dinero. Además de las facturas realizadas tanto de los gobiernos de Felipe Calderon como de Peña Nieto.
Hablando del sexenio de este último, remataron con que además de la presunta venta de Pegasus, la comercializadora tiene un historial de negocios turbios con los gobiernos de Peña Nieto, asegurando que estos se extendieron durante la administración de López Obrador y detallando cuales habrían sido.
Por otra parte, ese mismo día Animal Político publicó que en 2019, año en que la SEDENA compró el software espía “Los teléfonos de al menos tres personas fueron intervenidos con Pegasus para monitorear llamadas y mensajes: un periodista de Animal Político; Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos en Tamaulipas, y el periodista y escritor Ricardo Raphael, como pudo comprobar Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, luego de hacer un análisis forense a sus equipos”.
Y que “En los tres casos, la intervención ilegal a los teléfonos ocurrió cuando los afectados investigaban temas relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas”. Asegurando que esta investigación en conjunto con Animal Político, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, Proceso y Aristegui Noticias comprobaba que el espionaje a través de Pegasus continuaba en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“No somos iguales”
El lunes 3 de octubre en la mañanera Elizabeth García Vilchis presentadora del “Quién es quién de las mentiras” –e integrante del grupo de Ramírez Cuevas–se encargó de descalificar a Animal Político al presentar los contratos de publicidad de 2013 a 2018 con el gobierno de Enrique Peña Nieto por un total de 7 millones 753 mil pesos y asegurando que es un medio cercano a Claudio X. González.
El miércoles 5 de octubre, después de dicha embestida y descalificación, mediante un mensaje en redes sociales (video “reportaje”) el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, mermó las revelaciones del trabajo, puntualizando que “lo único que informa realmente es que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contrató un servicio de monitoreo remoto de información a una empresa particular”, omitiendo que dicha “empresa particular” Comercializadora Antsua tenía la representación exclusiva de la empresa israelí NSO Group para vender Pegasus a la Sedena, y que esa dependencia mintió durante tres años, al insistir en que no había celebrado ningún contrato con la empresa.
El 12 de octubre el Secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval, no acudió a la Cámara de Diputados a la reunión para tratar el hackeo que el grupo Guacamaya hizo a la dependencia militar y la pospuso para el 18 de octubre en su oficina.
El 13 de octubre el General Sandoval abandonó la mañanera después de terminar el informe del titular de aduanas, sin responder los cuestionamientos a gritos sobre la vulneración a la ciberseguridad del ejército quien fue justificado por el presidente quien pidió calma a los representantes de los medios, mencionando que se retiraban para viajar a Washington.
El 15 de octubre, el Secretario de la Defensa Nacional canceló dicha reunión y la pospuso “hasta nuevo aviso” informó el diputado de MC Sergio Barrera.
El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió que su administración espíe a periodistas o activistas por medio del software Pegasus, el mismo utilizado en el sexenio de su antecesor Enrique Peña Nieto: “No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales a los anteriores. No es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor, entonces si tienen pruebas que las presenten”.
FGR: hay dos carpetas de investigación relacionadas con Pegasus
Ayer domingo 16 de octubre La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la apertura de dos carpetas de investigación relacionadas con el programa espía ‘Pegasus’; la primera sobre un contrato por un monto de 456 millones 843mil 149 pesos para obtener equipo de inteligencia, durante el sexenio de Peña Nieto a través de la entonces Procuraduría General de Justicia y que apunta la presunta responsabilidad de Tomás Zerón, señalado por los delitos de peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa junto a otros funcionarios, mientras se desempeñaba como director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
Sin utilizar el término espionaje, la FGR dio a conocer que la segunda carpeta de investigación es » por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos».
Revelando que el 26 de agosto la FGR ejerció acción penal a través de la obtención de una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N”, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones; todo ello como coautor material de dicho hecho delictivo.
El comunicado de la dependencia asegura que el 1 de noviembre de 2021 «ejerció acción penal a través de la obtención de una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones; todo ello como coautor material de dicho hecho delictivo».
Esta segunda carpeta se deriva de la denuncia interpuesta ante la FGR por el activista de Nuevo Laredo Raymundo Ramos y los periodistas Ricardo Raphael y Daniel Moreno quienes manifestaron que fueron espiados por el Ejército con el malware en esta administración, despues de que Una investigación conjunta de medios y colectivos como el Citizen Lab en Toronto confirmaron la vulneración en datos personales y en celulares.
En contra ataque, a las denuncias de los tres mencionados, diversos medios de comunicación dieron a conocer un comunicado de Citizen Lab en donde expone que su análisis técnico forense revela que se evaluó con alta confianza que estas personas fueron hackeadas con el software espía Pegasus. Pero, no se atribuyó el hackeo a un cliente en particular (Como SEDENA).
Sin embargo, y después de la investigación presentada, sobre las omisiones de la SEDENA y el pago por el software, el hackeo sigue apuntando a haber sido realizado por el ejército, a reserva de que se de a conocer nueva información.
