Por: Vicente Hernández
«Las ciberamenazas ayer eran el ciberterrorismo mediante el uso de Internet y los ataques dirigidos. Las nuevas amenazas hoy son el espionaje industrial, los sabotajes y la desobediencia.
No existe una única definición sobre ciberseguridad. La ciberseguridad debe: defender las redes, monitorizarlas y prevenir posibles futuras amenazas»
‹Luis Hernández›
Escribir, leer, enviar mensajes, llamar por celular, chatear, y navegar por Internet, hoy día nos expone a ser espiados por el gobierno, por los administradores, por los hackers, o por tu esposa, por mas que se diga que esta o aquella red es la más segura, siempre estará uno expuesto al espionaje cibernético, porque finalmente se cumplió el pronostico vertido en las páginas de la novela “1984” cuyo personaje principal Big Brother (Gran hermano o hermano mayor) es conocido por los programas televisivos del mismo, nombre realizados en casi todo el mundo. La novela fue escrita en 1949 por el británico periodista, ensayista y novelista George Orwell, en la cual temía que la tiranía estatal fuera capaz de entrar hasta la intimidad y los pensamientos de los ciudadanos, destruyendo toda libertad del individuo.
En México el espionaje a activistas, periodistas y políticos a través del software israelí Pegasus, causo revuelo internacional, también nos enteramos que durante el sexenio de Peña Nieto el centro de investigación canadiense Citizen Lab ya había reportado el uso de Pegasus en México, e identificó tres operadores del software en el país, un dato curioso para un programa que, de acuerdo con el NSO Group, solo está a la venta para los gobiernos nacionales a su vez, el gobierno federal informó que al menos 50 personas cercanas al presidente López Obrador, incluidos su esposa y sus hijos, también sufrieron infiltraciones.
En este 2022, la novedad es lo ocurrido hace unos días con el hackeo del grupo Guacamaya a los sistemas informáticos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ya que ofreció una evidencia más, de una variada lista de acciones de vigilancia y espionaje por parte del gobierno de México, incluso durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, y se dice que entre los archivos filtrados por el grupo hacktivista, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, junto con Artículo 19, Social TIC y los medios de comunicación Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso, se confirma la existencia de un documento que prueba la contratación de un sistema de monitoreo remoto de información por parte de la Sedena en abril de 2019 o sea dentro ya del actual gobierno morenista.
Esto propicio que en la Cámara de Diputados la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, presidida por el Diputado, Javier López Casarín, se pusieran a elaborar un proyecto de ley que en los próximos días se pondrá a consideración de los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, el primer borrador de iniciativa de ley de Ciberseguridad.
Con esta pre-iniciativa de ley, se contempla un título para autoridades en materia de ciberseguridad con cinco capítulos en el que se aprecian las instituciones que se pretenden crear:
Agencia Nacional de Ciberseguridad, Equipo de Inteligencia y Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad, Unidades de Ciberseguridad, De la Autoridad Investigadora, De la Fiscalía Especializada en Delincuencia Cibernética.
Esto sería a grosso modo en lo que se esta trabajando en materia de ciberseguridad, ya que el hackeo realizado a la Sedena ha encendido los focos rojos en cuanto a la seguridad nacional, porque a raíz de este acto de piratería cibernética, se han empezado a dar a conocer algunos de los miles de documentos que eran guardados secretamente por la milicia, en contraparte en abril de 2021, el diario El País publicó que la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, gastó 5.6 millones de dólares en licencias del software Geomatrix, un sistema de geolocalización que permite conocer la ubicación exacta de cualquier dispositivo de telefonía celular, entre los años 2019 y 2020.
Pero lo del espionaje telefónico no es nada nuevo, ya que el diario Reforma dio a conocer que en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, se adquirió el software a un precio de 109 millones 327,680 pesos, y esta compra aseguran, se continuo haciendo durante los siguientes sexenios, y las personas espiadas por el software Pegasus de acuerdo a investigaciones son: Simón Barquera, Alejandro Calvillo, Luis Encarnación, Sebastián Barragán, Carlos Loret de Mola, Daniel Lizárraga, Salvador Camarena, Carmen Aristegui y su hijo, tres miembros del Centro Miguel Agustín Pro Juárez y dos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Ricardo Anaya, miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitaron México para indagar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los abogados del llamado caso Narvarte, en el que cinco personas fueron torturadas y asesinadas en esta colonia de la capital mexicana el 31 de julio del 2015 y los periodistas del semanario sinaloense Río Doce, Andrés Villareal e Ismael Bojórquez, así como Griselda Triana, viuda del fundador del semanario El País Javier Valdez, los arriba descritos serían los civiles espiados por Pegasus durante la administración de Enrique Peña Nieto, a los que durante la administración lopezobradorista se habrán sumado decenas de personas más.
En fin que todo lo que atañe a la ciberseguridad, la ciberdelincuencia y el ciberespionaje, son temas muy complicados, tanto para entenderlos como para remediarlos, porque todos los gobiernos se niegan a reconocer que se espía a los politicos opositores, periodistas, lideres ambientales, crimen organizado, pero aducen que el espionaje es una práctica natural en todos los gobiernos para preservar la seguridad nacional, y mientras tanto, ya no se puede uno fiar ni siquiera de las confesiones parroquiales ante un sacerdote, anqué este vista de sotana “ Cosas veredes, amigo Sancho”.
