Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no daría los nombres de los jueces, el subsecretario sí los dijo, y entre ellos citó a Juan Pablo Gómez Fierro y a Viviana Judith Juárez Vázquez
CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Pese a que este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no darían a conocer los nombres de los jueces involucrados en liberaciones irregulares de presuntos delincuentes, para defender la prisión preventiva oficiosa, este viernes el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja nombró a varios de ellos.
El funcionario citó el caso del amparo en revisión que la Corte va a resolver, promovido por Brandon Alexis ‘N’ y Alejandro ‘N’, hermano y tío de Óscar Andrés, alías ‘el Lunares’, líder del grupo criminal conocido como Unión Tepito.
“Que se inaplique el artículo 19 constitucional para que no se les aplique la prisión preventiva oficiosa y en tal virtud poder salir en libertad”, señaló.
Al dar a conocer algunos de los expedientes que enviarían a la Suprema Corte para que considere no eliminar la prisión preventiva oficiosa, habló del caso del narcotraficante Rafael Caro Quintero.
“Ya fuera de la cárcel Rafael Caro, porque un juez le quitó todos los delitos, se inconforma el Ministerio Público mediante un recurso de rescisión y la Primera Sala de la Primera Corte de Justicia revoca el fallo y pide que se emita una nueva resolución, lo cual hace el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Distrito Judicial”, indicó.
El funcionario explicó que “en todo este tiempo Rafael Caro ya se había reconstituido nuevamente en un líder criminal con operaciones delictivas en varios estados del país. Se ordena su reaprehensión, pero esto duró siete años para que la Secretaría de Marina pudiera reaprehenderlo”.
Actualmente está en litigio la extradición porque jueces le han concedido diferentes suspensiones para no ser extraditado.
Entre las y los jueces exhibidos, en el caso de los “montadeudas”, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, “ante todos los requerimientos del tema de los chips de celular, autorizó innumerables suspensiones provisionales para no aplicar esta ley. Finalmente, la Corte, hay que decirlo, invalidó la ley que pretendía regular el uso de los chips de prepago para actividades criminales”.
Sobre el presunto secuestrador conocido como ‘el Fantasma’, Rafael ‘N’, que se presume es integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación, expuso que “fue una operación de meses de inteligencia, de un operativo quirúrgico”.
Dijo que “se pone a disposición del juez de control de Zacatecas, Sergio Rodarte Oliva, y determina no vincularlo a proceso penal; entre otros argumentos, porque decía que las cuentas donde le depositaron las víctimas al secuestrados no estaban a su nombre”.
Sobre el juez Carlos Gallegos Arellano, de Colima, acusó que determinó la libertad de Jorge ‘N’, alias ‘el Mesta’, debido a que consideró que no estaba en condiciones para enfrentar una audiencia por una lesión en la mandíbula, cuando realmente estaba estable y podía comparecer.
Mejía Berdeja expuso “diferentes casos del juez Marco Antonio Ordorica, del Juzgado 2º de lo Penal del Distrito de Bravos, en Chilpancingo. Él ha exonerado en diferentes procesos a presuntos secuestradores. Luego el Tribunal Superior revierte la sentencia, pide la recaptura en virtud de que efectivamente sí estaban involucrados en secuestros, pero estos individuos ya estaban muy fuera del brazo de la justicia y siguen cometiendo secuestros”.
Entre otros jueces que también nombró está la jueza Viviana Judith Juárez Vázquez, que está en Baja California.
Destacó a esta jueza “en tres casos que se le han presentado de detenciones en las garitas con armas de uso exclusivo del Ejército o también en la aduana, cuando también con armas detuvieron a otros sujetos, la juez determinó que era ilegal la detención que hicieron porque no habían justificado cómo revisaban los vehículos y, finalmente, les concedió la libertad a estos sujetos”.
El funcionario federal dijo que Juárez Vázquez el 10 de julio de este año dejó en libertad a Erick Manuel, señalado como presunto autor intelectual del crimen del agente Jaime Alonso, ocurrido el pasado 30 de junio.
“El argumento es que por cuestiones administrativas no era legal su detención. Tres casos de impunidad de la misma juzgadora”, sentenció Mejía Berdeja.
