Sin Filtros; Por: Brenda Ramos
El primer peritaje de la salud y diagnóstico de Leticia Vargas por las presuntas lesiones recibidas que la de la FGJ respecto a las presuntas lesiones que la neopanista Leticia Vargas aseguró tener, después de que en un forcejeo las diputadas locales Imelda San Miguel y Magaly Deandar rompieron una urna de cristal en la que se depositaba una votación arrojó que no presentaba lesiones, sin embargo, un segundo peritaje también de la FGJ asegura que si las hubo, pero no fue firmado por un perito profesional de medicina forense como el primero, sino por una médico general.
El primer peritaje se realizó el primero de Julio del año en curso y arrojó la conclusión que la diputada Leticia Vargas Alvarez: “No presenta huellas de lesiones visibles recientes al exterior al momento de su valoración” (SIC). Y es firmado por la MCP Victoria Danae Vargas Miramón, perito profesional-medicina forense, cédula profesional 9838602.
Y el segundo peritaje salió a la luz mas de una semana después, pero con fecha del 3 de junio, arrojando como conclusión que, si hubo lesiones que requieren ser valoradas por el área de oftalmología, sin embargo este a pesar de traer los logos y sello de la FGJ fue firmado por una médico general, la DRA. Andrea Paola Villegas Moreno, sin presentar más detalles, pero una servidora realizó una investigación encontrando que la referida es médico cirujano partero egresada de la Universidad Valle del Bravo con cédula 4797903. Con base en esto le pregunto a usted querido lector ¿Qué diagnóstico tomaría en cuenta usted, el de un perito especializado o el de una médico general?
Además, si sigue observando los detalles de cada documento, el segundo peritaje en ningún momento desestima al primero, por lo cual, serán los expertos en leyes y abogados de Magaly Deandar (Si ella decide proceder legalmente) los que lleven su defensa en base en el capítulo V del Código Penal Federal Libro Segundo, artículo 247 “Se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa a quien sea examinado y faltare a la verdad en perjuicio de otro”.
Y el artículo 248 Bis que señala que serán de 2 a 6 años de prisión y de cien a trescientos días multa: “Al que con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante la autoridad, simule en su contra la existencia de pruebas materiales que hagan presumir su responsabilidad”.
Y serán también ellos los que en dado caso decidan involucrar a los diputados Félix “El Moyo” García y a la diputada Imelda San Miguel, pero también a la médico general que firmó el segundo dictamen.
De querer defenderse legalmente, Magaly Deandar puede alegar que además de que NADA FUE CON DOLO, la urna también se encontraba en manos de Imelda San Miguel y que tanto IMELDA como LETICIA violaron el código interno del congreso. Primero, porque de acuerdo con artículo 23, numeral 1, inciso b) son atribuciones de los secretarios del Congreso llevar el cómputo y registro de las votaciones y dar a conocer los resultados y con el artículo 61, numeral 1, inciso b) establece la obligación de la Unidad de Servicios Parlamentarios de asistir a los secretarios para verificar el cómputo y registro de las votaciones.
Lo que significa que no había motivo para que Imelda tuviera el ánfora en sus manos, sino que Servicios Parlamentarios debió proporcionar el ánfora a uno de los dos secretarios. Además el ánfora se debe colocar en el pleno al pie del presídium de acuerdo con el artículo 114 numerales 4 y 5.
Pero, además Leticia no debió haber estado ahí, ya que los artículos 111 y 114 también determinan el protocolo para las votaciones, en los cuales se señala que los encargados de recabar la votación y contarla son los secretarios, además de ser claros al pedir que haya un orden al pararse para votar, teniendo que iniciar por el lado derecho y continuar sucesivamente por filas.
Es una situación difícil, pero para la diputada Leticia Vargas y para todo el que desee continuar con esta farsa, ya que entre más desean golpetear políticamente, más contraproducente les resulta. Allá ellos si además de perder su credibilidad, desean perder dinero y su libertad si les abren un proceso judicial, que los alcanzará en 2024 cuando pierdan su fuero, porque definitivamente, no se van a reelegir.
