Por:Mauricio Fernández Díaz
Empuja a mujeres haitianas hacia la prostitución
Ciudad Victoria.- Los migrantes que dejaron atrás sus hogares en Haití, en Ucrania y en Venezuela, a más de 3000 kilómetros de distancia, llegaron a Reynosa con la idea de que hallarían, por lo menos, hospitalidad y refugio en alguno de los albergues gestionados desde hace años por la Iglesia y el gobierno local; sustentaban su creencia en los antecedentes de dichos lugares. Pero el nuevo gobierno los envió al sitio menos imaginado de su odisea: a los prostíbulos.
¿Se trata acaso de una metáfora para los visitantes de esta ciudad extraordinaria, la más grande de Tamaulipas, que parece recibirlos con el saludo: “Bienvenidos a la ciudad de la vergüenza y la perdición”? Si es así, los reynosenses no se lo merecen; esa no es la imagen que quisieran proyectar al mundo.
Está resultando demasiado fácil al PAN acabar con la credibilidad del alcalde Carlos Peña Ortiz con acciones como esta; es más, no necesita hacerle nada. Las imágenes acusan por sí solas al presidente municipal: los migrantes y sus hijos, la mayoría pequeños y bebés, duermen hacinados, pared con pared, en las cuarterías donde se ejerce la prostitución todo el día.
La situación de Peña Ortiz es grave por donde quiera que se la vea: explotación sexual consentida, inseguridad para extranjeros e hijos, y aún peor: esas cuarterías rentadas a proxenetas y migrantes son propiedad del papá del alcalde. Los cuartuchos se hallan en la famosa zona de tolerancia de Reynosa, una especie de “mall del sexo” de 40 mil metros cuadrados, totalmente bardeada y con entrada única para controlar el acceso. Incorrectamente, ese control lo realizan empleados municipales, quienes cobran 20 pesos por persona.
Sentido Común se adelantó a revelar las condiciones inseguras y riesgosas de las familias migrantes en la zona de tolerancia, y cómo esto genera ganancias a la familia del alcalde. Luego vinieron reportajes de Televisa y TV Azteca. Como aquellos funcionarios “con los dedos atrapados en la puerta”, el gobierno ha descalificado dichos reportes como campaña sucia pero, en realidad, carece respuesta. Ojalá que llame a visores de la UNESCO, de la UE, de Reporteros sin Fronteras, para que se desengañe.
Sin embargo, lo más escandaloso está por venir: el destino de los 21 millones de pesos aprobado por el Cabildo, el 4 de mayo, para atender la crisis migratoria en la ciudad, ya que los extranjeros acampaban en parques y zonas públicas sin ninguna protección.
Según un integrante del Cabildo, el dinero saldría de “ahorros y economías” para gastarlo de la siguiente manera: 3 millones de pesos mensuales para albergues y 2 mil pesos por migrante para la adquisición de alimentos, medicina y artículos de limpieza. Los extranjeros recibirían el hospedaje y la ayuda en especie, no los recursos. Esos irían, lógicamente, a proveedores.
¿Está la familia del alcalde entre dichos proveedores?; ¿están sus amigos, sus conocidos? Nada se puede decir a favor ni en contra porque falta transparencia en la información. Pero el solo hecho de haber migrantes como inquilinos en los cuartos del papá de Carlos Peña compromete al gobierno municipal. Por eso vino la televisión nacional a constatar este despropósito.
El tema está servido para que los panistas monten un juicio mediático y acaben de una vez con Carlos Peña, joven inexperto que no es morenista, ni de izquierda, ni alcalde, según la cancelación de sus derechos políticos por otra causa penal y orden de aprehensión en su contra. El hecho de que el Congreso Local esté en receso lo ha salvado milagrosamente der ser citado y de casi ponerlo a merced de los ministeriales que lo buscan.
Al Moyo García, líder de la diputación panista y de la 65 Legislatura, seguro le dan ganas de darle las gracias a Carlos Peña por haberse autorizado esos 21 millones de pesos en medio de la crisis migratoria. Casi podemos ver cómo los panistas afilan sus garras para deshacer a Makito, sin agitarse ni esforzarse, igual que el león echado sobre un cervatillo inocente, condenado a morir en cualquier momento.
Por casos como este el PAN emprendió las reformas legislativas a los órganos autónomos y de fiscalización, para pasar por la ley a los funcionarios morenistas sorprendidos en hechos constitutivos de delitos. Y el de los 21 millones de pesos “para ayudar a migrantes” en Reynosa, podría ser uno de ellos.
Por eso aprobó en 2017 un periodo de 7 años al Auditor Superior del Estado, con derecho a reelegirse; por eso alargó también los cargos al Fiscal General y al Zar Anticorrupción, todos ellos panistas y leales a Francisco García Cabeza de Vaca. El gobernador ya no busca quién se la hizo sino quién se la pague.
Si esto se resolviera por lo que dicta la ley, y a luz de las evidencias, Carlos Peña Ortiz terminará delante de un juez, no de su Cabildo. Ha caído en su propia trampa por querer usar un fondo que nunca ha existido ni es capaz de transparentar. La vía legal juega ya en su contra y tendría que recurrir a una salida política.
Pero, ¿quién es él para negociar un cargo cuya postulación, si no el triunfo entero, se lo debe a Morena? En la 4ª Transformación hay muchos con poder que le traen ganas; ha quedado, pues, contra la espada y la pared.
La tercera salida tampoco es descartable, y el ejemplo lo tiene ante sus propios ojos: migrar.
