Por:Mauricio Fernández Díaz
Cualquier persona que tenga una órden de aprehensión vigente, derivada de una investigación judicial es considerado un delincuente.Y si esta persona no puede ser ubicada o no se presenta a defender su caso, se convierte en prófugo de la justicia y de acuerdo a la ley, un individuo en esta condición pierde los derechos civiles que la Constitución le otorga, entre ellos el de ostentar un cargo de representación popular.
Carlos Victor Peña Ortiz se encuentra en este supuesto dado que el último recurso legal que tenia – el amparo federal – le fue negado, quedando así a disposición de la justicia para ser aprehendido en cualquiera lugar que se le encuentre.
Es inadmisible que los regidores del cabildo reynosense se hayan convertido en cómplices de un prófugo de la justicia al no cumplir con la obligación de convocar a reunión para definir si se constituira una junta de Administración civil o bien se hará llegar una terna al Congreso para restituir la gobernabilidad en este municipio.
De igual forma, el Congreso ha sido omiso al no velar para que se cumpla la Constitución, en un claro intento de proteger al delincuente prófugo con la única finalidad de velar por inconfesables intereses políticos y económicos.
La omisión en el cumplimiento de la ley convierte tanto al cabildo como al congreso del estado en cómplices de un personaje que fue investigado, juzgado y encontrado culpable por delitos que lastiman a la sociedad, tan graves como el uso de recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y utilización de personalidades múltiples.
Carlos es, de hecho, prófugo de la justicia y su calidad de presidente municipal terminó cuando le fue negado el amparo federal.
¿Que esperan para regresar a Reynosa la legalidad y llenar ese vacío de poder?
Que no les tiemblen las piernas ni al Cabildo ni al Congreso para remediar esta crisis de gobernabilidad. De no hacerlo asi, tendremos que considerar que son complices de un prófugo de la justicia.
