Por:Mauricio Fernández Díaz
Victoria Meters, carcelero de los ciudadanos y usurpador de la autoridad
Ciudad Victoria.- Los victorenses no necesitan justificar su amor a la capital porque estos lazos vienen de su interior. Aquí nacieron, aquí pasaron su infancia: aquí están sus primos y hermanos, sus padres y abuelos; aquí, sus amigos de toda la vida. El victorense auténtico es una persona amable, solidaria, limpia, y esas mismas cualidades pasaron a identificar a la capital de Tamaulipas durante años. Pero hoy es necesario abrir los ojos: hoy, Ciudad Victoria da vergüenza.
En ese estado la dejaron los gobiernos del PRI y el PAN de 2002 en adelante. Hartos del abandono, los ciudadanos los expulsaron con su voto del Palacio Municipal en 2021, y confiaron en la izquierda para reconstruirla y devolverle su esplendor.
Hay avances, pero también obstáculos. Se percibe más orden en los trámites municipales y en los servicios públicos. Es un inicio prometedor aunque falta el mayor de los retos: mejorar los ingresos e invertir en infraestructura.
Ciudad Victoria no dispone más que del cobro del impuesto predial para hacerse de recursos y, en menor medida, de los permisos y derechos. El gobierno reaccionario de Francisco García Cabeza de Vaca le ha negado un fondo de capitalidad. En su situación desesperante, la capital se aferra a las pocas fuentes de ingreso para cubrir sus necesidades. Solo un gobierno criminal o antipopular cedería esos recursos a particulares. Y eso es lo que ha ocurrido, justamente, con Ciudad Victoria.
En 2009, el Ayuntamiento dio una concesión de 15 años a la empresa Victoria Meters para administrar los espacios permitidos como estacionamiento en el primer cuadro de la ciudad. Se le concedieron 700 puntos de cobro y la facultad de imponer multas a los vehículos que omitieran el pago. La empresa utiliza estacionómetros y despachadores para automatizar los cobros. Aquellas autoridades validaron el contrato por los ingresos que aseguraba: 40 por ciento sobre lo recaudado. La ciudad tendría recursos para atender emergencias y apoyar a la población.
O todo fue un engaño o algunos malos funcionarios se robaron la abundancia. Con Victoria Meters ni mejoraron las finanzas ni hubo obras: nadie ha recibido, tampoco, ayuda alguna de esos recursos.
La llegada de Victoria Meters marca el inicio de un periodo de malos servicios, calles sucias e inseguridad. La capital perdió rápidamente su apariencia tranquila y agradable; las colonias apestaban y escaseaba el agua. La calidad de vida de sus habitantes, visiblemente, se degradó.
Victoria Meters no fue responsable de esos problemas urbanos, pero coincidió con ellos. Pudiendo ser parte de la solución, los empeoró.
A la basura de la calles, el desabasto de agua y hasta el desempleo, se agregó a la capital la prepotencia de Victoria Meters, una empresa que se comporta como un secuestrador con su víctima para extraerle dinero hasta dejarla vacía.
Los empleados de Victoria Meterse peinan las calles del centro en busca de automóviles que ocupen un espacio sin cubrir el pago. Una vez ubicado, no le dejan una primera infracción o aviso; no. Le colocan una trampa en una llanta y le acomodan una multa para forzar al propietario a pagar.
Cuentan con un banco de datos para aumentar la sanción al automovilista en caso de haber cuentas pendientes. Las multas van desde los 350 pesos pero pueden ser ilimitadas.
Ya se pueden imaginar la pena y el desprecio que provoca este sistema recaudatorio entre la gente cuando no disfruta de una ciudad segura ni de servicios dignos.
Son miles las quejas publicadas en redes sociales por ciudadanos en contra de Victoria Meters, el único negocio de esa capital, a costa de sus habitantes, en números negros.
El uso de trampas y la discrecionalidad de las multas son el tema recurrente de estas quejas. La autoridad municipal, sin embargo, responde lo mismo: son lícitos.
¿Lo son? En realidad, son ilícitos, pero la gente lo desconoce.
En 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que los particulares haciendo labores de autoridad municipal, como inmovilizar vehículos e imponer multas, violan “el derecho a la legalidad y la seguridad jurídica de los ciudadanos”.
La sentencia se desprendió de la acción de inconstitucionalidad 13/2013, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos, en contra de los artículos 11 y 25 de la Ley de Ingreso para el Ejercicio Fiscal 2013 del Ayuntamiento de Cuautla Morelos. En el primero, autorizaba la concesión de parquímetros a la empresa Hiberparking S.A. de C.V., junto con la creación de un fideicomiso para administrar los ingresos por ese concepto; el segundo establecía la atribución a la autoridad “o al que funja como tal” de inmovilizar vehículos.
Los ochos ministros fueron unánimes al calificar de inconstitucional el artículo 25: “No existe fundamento legal alguno que permita a particular alguno aplicar actos coactivos, en contra de la ciudadanía de Cuautla, Morelos, para inmovilizar sus automóviles o retirar sus placas, sin importar la existencia de un acto administrativo en contrario”.
Si la capital de Tamaulipas da el mal ejemplo de consentir la violación de derechos ciudadanos, ¿qué se puede esperar del Poder Ejecutivo Estatal?
Tenemos, pues, que Victoria Meters infringe derechos constitucionales y se arroga facultades reservadas únicamente a autoridades legítimamente constituidas.
Hay una extraña impunidad que ha llamado la atención de autoridades federales, como el SAT y la Segob, respecto a Victoria Meters. En la capital, se puede hablar mal del alcalde, de los regidores, de los diputados y hasta del gobernador, pero nunca de esta empresa.
Ni siquiera hay claridad sobre las cuentas que por obligación debería rendir; en 2017, el Ayuntamiento de la época estimaba un ingreso mensual de 200 mil pesos por parquímetros. En diciembre de 2021, en declaraciones a la prensa, el tesorero Luis Carlos Cisneros dijo que recibían 24 mil pesos semanales (96 mil pesos mensuales).
¿Quiénes son sus dueños? Incorrectamente, clasificaron sus nombres como “información reservada”, pero varios priistas, en 2009, señalaron a Salomón Rosas Ramírez, delegado del PRI en Tamaulipas, y a Luis Negrete, como socios principales.
La concesión de Victoria Meters vence en 2024, igual que el gobierno de Lalo Gattás Báez. Aunque le pidieran la ampliación, tiene la oportunidad de terminar con esta pésima relación, lo que otros alcaldes intentaron sin éxito.
De los males que aquejan a los victorenses, este es el más cercano de resolverse.
Por cierto, anda por las calles, muy sonriente, el responsable de poner este fardo sobre la humanidad de los capitalinos: Arturo Díez Gutiérrez Navarro, candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano.
Quien no lo conozca, que lo compre.
