Ciudad de México.- El Gobierno mexicano ha presentado este miércoles las últimas cifras de homicidios y ha destacado marzo como el mes más sangriento del año. Unas 3 mil 632 personas han sido asesinadas, es decir, que casi 120 han sido masacradas al día mientras sucedían otros eventos: se protestaba por el Día Internacional de la Mujer, el presidente se enfrentaba a los parlamentarios europeos por los crímenes a periodistas, se observaba con horror la invasión rusa a Ucrania y se inauguraba un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México construido por militares.
A esas cifras se suman también los más de 4 mil desaparecidos que hay registrados de enero hasta la fecha. Con esos datos en la mano, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha celebrado que pese al pico de este año, se trate del marzo menos sangriento del último lustro. Un puñado de cadáveres menos para el baile de las cifras de muerte. Pero la espiral violenta en la que está sumida México desde hace seis años continúa.
Concretamente, este mes de marzo ha contabilizado 220 muertos menos que marzo del año pasado. También, 240 cadáveres más que el marzo de 2017, cuando López Obrador aún no había tomado posesión en el cargo —ganó las elecciones en 2018 e inició su mandato en diciembre de ese año—.
Cuando una pandemia amenazaba al mundo, en marzo de 2020, y la gente comenzaba a encerrarse en sus casas y a preocuparse por la falta de capacidad de los hospitales, en México en esos 31 días se asesinó a 4.003 personas. Lo que destacan las estadísticas es que en este país no se ha dejado de matar de una forma feroz, independientemente de los meses. Que en México mueren asesinadas —según la media de este año— 112 personas al día.
El informe que ha presentado la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, este miércoles durante la conferencia mañanera del presidente, ha señalado que no en todos los rincones del país se mata por igual.
Que solo seis Estados concentran el 50% de los homicidios: Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Los habitantes de estas entidades suman más de 42 millones de personas. Es decir, que pese a que el Gobierno señala solo a unos cuantos Estados que viven bajo el yugo de la violencia, la realidad es que un tercio de la población mexicana vive en estas condiciones de terror.
No quiere decir el informe que el resto viva en paz. En México han sido asesinadas, desde 2019, 132 mil 88 personas. Y han desaparecido en ese mismo periodo de tiempo 67 mil 122 y todavía no se sabe dónde están. Como si en poco más de tres años se esfumara la mitad de la población del municipio de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
Las cifras de muerte no han dejado de crecer sin freno desde 2017, cuando la cantidad de homicidios superó a las peores épocas de la guerra contra el narco —la batalla del Ejército contra los cárteles de la droga y sus capos que emprendió Felipe Calderón en 2006, donde las masacres, ejecuciones extrajudiciales de los militares y los pueblos abandonados se convirtieron en las estampas que México enviaba al mundo—.
Los gobernantes posteriores, tanto Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018) como López Obrador, han comparado siempre sus estrategias de seguridad con las de entonces, pese a que nunca se ha matado tanto como después. Una sangría que continúa hasta la fecha.
López Obrador heredó una crisis de seguridad marcada por la pulverización de cárteles de la droga que resultó de la captura de los capos que inició Calderón y que continuó Peña Nieto. Las divisiones dentro de los grupos delictivos configuraron un nuevo mapa del crimen con cientos de células con capacidad de asesinar, extorsionar y extender sus guerras por todo el territorio.
Pese a que todavía conviven dos grandes organizaciones criminales, el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, sus socios y aliados —además de otras decenas de narcos locales, escisiones de los más antiguos— se pelean ciudades y pueblos en cada rincón del país.
Frente a este ecosistema violento, la estrategia del presidente ha consistido principalmente en aumentar la presencia militar, tanto del Ejército, como de la Marina en los puertos y el cuerpo de seguridad híbrido civil-militar que él diseñó a su llegada al poder, la Guardia Nacional. Y sobre todo, evitar enfrentamientos directos con el narco.
Las escenas de la nueva guerra del narco de estos días consisten en pueblos tomados en Michoacán, fusilamientos contra rivales del narco, minas antipersona para evitar el recorrido de los militares, tanques de guerra paseando libremente por las calles, masacres de decenas de personas en una fiesta; en Zacatecas, un escenario similar, decenas de cadáveres amontonados a las puertas de la sede del Gobierno estatal y otras en pena calle, colgados de puentes, municipios que se han quedado sin policías por miedo a que los asesinen a ellos también; en Colima y Sonora, ciudades completas asediadas por los narcos en un intento de cercar a sus rivales.
Entre Tamaulipas y Nuevo León, la carretera de la muerte, con decenas de viajeros desaparecidos; en el corredor de la Riviera Maya, de Cancún a Tulum, balaceras en resorts de lujo, turistas asesinados por una bala perdida. Y la lista de Estados afectados por la narcoviolencia se renueva cada semana.
Pese a los bailes de cifras y a los titulares que busca el Gobierno federal, la violencia en México no ha dado tregua. Con una impunidad que ronda el 95% para todos los delitos, la falta de justicia lanza un peligroso mensaje: si en abril se mata más o menos, dependerá de la voluntad del crimen, no de una lucha conjunta de todos los poderes para detenerlo.
