Aún no se apaga el incendio que causaron sus fotos con criminales, cuando el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, enfrenta una nueva crisis, quizá menos evidente que la anterior, pero algo más grave por las consecuencias que plantea.
La Fiscalía Anticorrupción del Estado ha solicitado permiso al Congreso local para procesar al mandatario por delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y ejercicio indebido. Controlada por la oposición, la Cámara podría acceder y complicar el futuro de Blanco en el cargo.
Funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción han acudido este lunes al Congreso local a presentar la solicitud. El vicefiscal Edgar Núñez ha explicado: «Hemos venido a presentar tres solicitudes de formación de causa, relacionadas con tres denuncias presentadas ante la Fiscalía, relacionadas con el gobernador».
Con solicitudes de causa, Núñez se refería a procedimientos parecidos al desafuero, quitar la protección institucional de que gozan los cargos de elección popular o altos funcionarios. El vicefiscal ha añadido: «Las denuncias fueron presentadas por personas particulares. Están involucrados más funcionarios».
Núñez ha evitado dar tiempos, pero el Congreso podría decidir en cuestión de semanas. Integrado por 19 diputados tras el fallecimiento hace unos días de un legislador de la bancada del PRI, el grupo opositor, liderado por esta formación y la conservadora Acción Nacional, cuenta con 10 votos, suficientes para sacar adelante la solicitud. Por novedoso, un escenario así tendría consecuencias imprevisibles, incluso la salida del gobernador, por instrucción del mismo Congreso.
Combativo cuando circuló la imagen donde aparece abrazado a criminales regionales, el gobernador guarda ahora silencio. Elevado por el partido evangélico Encuentro Social, la reacción de sus socios en el Congreso resulta una incógnita, sobre todo Morena, partido del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Morena es la formación mayoritaria en el Congreso de Morelos con seis curules.
La solicitud de la Fiscalía Anticorrupción nace de tres denuncias presentadas por el abogado Enrique Paredes, presidente del Colegio de Abogados de Morelos, y Gerardo Becerra, asesor del gobernador en sus años de presidente municipal de Cuernavaca, la capital. Blanco fue alcalde de la ciudad de 2015 a 2018.
La denuncia más grave apunta al presunto enriquecimiento ilícito del gobernador y su equipo, integrado por sus medios hermanos Ulises y Ricardo Bravo, su primo Edgar Riou y su amigo Jaime Tamayo. En el escrito, los denunciantes incorporan decenas de presuntas transferencias, ingresos y cheques cobrados por parte de alguno de los personajes mencionados arriba, supuestamente para acabar beneficiando a Blanco.
«Los sujetos presentaron una serie de operaciones que se consideran injustificadas, mismas que tienen un alto grado de probabilidad de que provengan de alguna fuente ilícita, ya que no concuerdan con sus ingresos ni con la relación que tienen con sus receptores o depositantes», lee el escrito.
En una comparecencia ante la prensa en Cuernavaca, el abogado Paredes ha dicho: «Detecté de acuerdo a una información anónima que me llegó que los ingresos del gobernador no coincidía con lo que ganaba. Esa circunstancia me llevó a presentar la denuncia, que ha dado como resultado lo que hemos visto hoy». Junto a él, el exasesor Becerra ha añadido: «Estoy denunciando además otras situaciones. Quiero dejar claro que son tres investigaciones ahora, las que la Fiscalía ha llevado al Congreso, pero hay otras cinco más».
