Por:Mauricio Fernández Díaz
Ciudad Victoria.- El primer debate promete una discusión intensa entre los candidatos a la gubernatura de Tamaulipas y una oportunidad a los ciudadanos para medir su grado de honestidad.
Dígalo alguien si no después de ver los temas que se tratarán el domingo 24: Desarrollo económico y empleo, salud y seguridad.
De los tres pueden salir chispas y temblores, pero hay uno particularmente sensible a la población porque daña igual a ricos y pobres, a viejos y jóvenes, incluso a hombres y mujeres: la inseguridad. Se trata, probablemente, del tema por excelencia para Tamaulipas.
Creemos que ni el gobierno estatal ni el federal tienen nada de qué presumir en este renglón, y que sus candidatos deberán presentar proyectos originales y ambiciosos para convencer a la sociedad de su compromiso con el tema. Se cacarean por ahí los indicadores de secuestro como un logro de Francisco García Cabeza de Vaca, pero ya veremos más adelante hasta qué punto se trata de un mensaje sesgado, verdadero en parte aunque usado para ocultar el vergonzoso fracaso en el combate a otros delitos.
Esta puede ser, quizás, la única oportunidad de Arturo Díez Gutiérrez de atraer la atención si aprovecha las debilidades de sus rivales. Mejor aparador no va a tener el aspirante de Movimiento Ciudadano en toda la campaña; muchos sabrán al fin que quiere ser gobernador, y eso es un avance para alguien prácticamente anónimo en este proceso electoral.
Personalizar los errores de la estrategia federal y estatal en materia de seguridad es una costumbre política, de partido, y nosotros no pretendemos hacer señalamientos gratuitos o ponerles destinatario. Vamos a repasar algunos de los incidentes que han marcado a los gobiernos de Tamaulipas y de la república en este ámbito porque serán el referente de la discusión. Muchos de estos casos pesan todavía en el ánimo de la sociedad, y los candidatos deberán analizarlos a fondo para plantear una propuesta que los corrija y prevenga.
En su informe de cien días de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la incidencia delictiva ha disminuido. Ante ello, la organización civil Verificado, que corrobora documentalmente la veracidad de los informes oficiales, reveló que el tabasqueño pronunció 7 afirmaciones engañosas y solo 3 verdaderas de este tema. El feminicidio creció 15 por ciento, y la extorsión, 14 por ciento. Ambos datos los aceptó públicamente el mandatario.
Por su parte, el 23 de maro de 2017, durante el gobierno de García Cabeza de Vaca, se evadieron del penal de Victoria 24 reos de alta peligrosidad. La activista Miriam Rodríguez pidió protección por este hecho , ya que uno de los prófugos la había amenazado de muerte. Sin embargo, las autoridades panistas le fallaron: el 10 de mayo, Día de las Madres, un comando armado la ejecutó a las puertas de su casa. La mujer se convirtió en símbolo nacional por su dedicación en la búsqueda de personas.
Pero en el plano nacional, la estrategia federal para pacificar al país también ha naufragado: van más de 110 mil homicidios cometidos de diciembre de 2018 a febrero de 2022. Esta cifra ya superó los 102 mil homicidios del sexenio de Felipe Calderón, y está cerca de los 120 mil de la administración de Enrique Peña, aunque a López Obrador le resta aún el 40 por ciento de su mandato.
En Tamaulipas, en el actual sexenio, la violencia estalla a escalas masivas, como lo sucedido el 5 de septiembre de 2019. Ese día, en Nuevo Laredo, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó la muerte de ocho presuntos delincuentes en un enfrentamiento. La versión fue rechazada por familiares y por cámaras de video; dicha evidencia revelaba un montaje de vehículos baleados trasladados a propósito al lugar junto con los ejecutados, muchos de los cuales vestían ropa militar muy holgada que no coincidía con su talla, cual si los hubieran arreglado.
Pero uno de los dolores más agudos y persistentes en estos tiempos es la crisis de desaparecidos, que el gobierno de la Cuarta Transformación se comprometió sanar; no lo logró: van 24 mil 546 personas no localizadas en esta administración federal. En total, hay 95 mil 121 personas no ubicables en México, 98 por ciento de las cuales fueron de 2006 a 2021. Otro delito en auge en este sexenio ha sido el feminicidio, con 3,100 casos hasta febrero de este año.
Decíamos antes que los estallidos de violencia en Tamaulipas llegan con fasto y exceso, y ese fue el caso el 22 de enero de 2021. En Camargo, a bordo de camionetas en llamas, aparecieron 19 cuerpos calcinados. Se trataba de migrantes indocumentados, originarios de Guatemala, que buscaban llegar a Estados Unidos en busca de trabajo. Una investigación determinó que los responsables fueron policías del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), una unidad creada por García Cabeza de Vaca. La barbarie del asesinato conmovió hasta al Papa Francisco, en Roma.
Una segunda masacre tuvo lugar el 19 de junio, en Reynosa: sicarios desde una camioneta en marcha dispararon a placer contra señoras, trabajadores, peatones y aquel que se atravesara en su camino; murieron 15 inocentes. Al menos, este caso se atendió oportunamente y condujo a la captura de los delincuentes.
Hicimos la promesa de no personalizar la culpa en los funcionarios estatales o federales involucrados en estos casos. Pero no se puede ignorar un aspecto fundamental: fueron situaciones del dominio público, se publicaron en la prensa local y nacional, y arrojaron una sombra sobre los partidos gobernantes que los atendieron.
Los ingredientes para un debate caluroso y frontal el próximo domingo 24, pues, están servidos.
