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Bots y fake news: la guerra en las redes

Comprar 7,500 likes en páginas de facebook; precio: $160.00. Anuncios como éste inundan las redes sociales y están al alcance de cualquiera que tenga un sitio en ésta plataforma, o en twitter, donde por 11 dólares te ofrecen mil nuevos seguidores, o 30 dólares por un poco más en Instagram.

Las ofertas son muy variadas y dependen del supuesto grado de interacción que alcanzarían los nuevos “fans”.

Esta facilidad -si se cuentan con los recursos- con la que se pueden inflar las cifras en las páginas de políticos explica mucho lo de que se puede observar en esta etapa del proceso político tamaulipeco: campañas pensadas estrictamente en las redes sociales, muchas de ellas negativas, realizadas por cientos, miles de cuentas falsas, conocidas como bots.

Pero cuidado, especialistas, advierten que el manejo de este aparato propagandístico digital no es tan sencillo como parece. Si se recurre a este tipo de páginas que aumentan en automático las estadísticas en las redes sociales, lo más seguro es que las cosas terminen mal para los políticos.

Porque el costo muchas veces depende de la complejidad de los supuestos usuarios. Si se paga poco, el mismo usuario que le dio un like a un candidato tamaulipeco, en su siguiente post puede estar opinando de la situación política en alguna provincia de Venezuela, o hasta hablando otro idioma para discutir sobre la situación en algún otro país.

“Aquí aplica eso de que lo barato sale caro”, explica un operador político con experiencia en el manejo de redes sociales. “Casi sin excepción, en todas las campañas políticas modernas, profesionales, se hace uso de bots, lo ideal sería que eso solo fuera para defender a tu candidato, pero también se utilizan mucho para difundir campañas negras de los adversarios”.

Por eso, para evitar fiascos con “bots” fácilmente identificables como tales, en los últimos años, los políticos tamaulipecos han recurrido a agencias digitales que se dedican a crear estrategias que incluyen su manejo, pero se comprometen a utilizarlas “de la manera más orgánica posible”.

Lo que suelen ofrecer es uso de Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada, llamadas automatizadas, mensajes por WhatsApp y uso activo de Instagram, TikTok y Facebook.

Para ello, pueden armar “paquetes” desde los 150 mil pesos hasta varios millones de pesos, depende del nivel de penetración que se busque en las redes sociales. Lo que es innegable, y basta echar un vistazo en las diferentes plataformas, es que el uso de granjas de bots y cuentas falsas está generalizado.

Estudios publicados durante la última elección, estiman que entre el 35 y hasta el 52% de los usuarios de redes sociales podrían ser falsos (dependiendo de la coyuntura y el uso); del 9 al 15% de las cuentas están automatizadas y soportadas por inteligencia artificial; entre el 55 y el 60% de todos los mensajes, posts, enlaces y materiales en línea fueron difundidos por cuentas de bots y todavía peor, casi el 80% del tráfico de “notas políticas” fueron difundidas, amplificadas o reenviadas por perfiles artificiales.

En teoría, el empleo de bots va contra las normas de las principales redes sociales. Pero aunque ilegales, a las grandes compañías se le siguen escapando miles de cuentas.

Algunas como Twitter o Instagram hacen limpias frecuentemente eliminando perfiles sospechosos, lo que explica que de un día para otro, un perfil pierda miles de seguidores. Ese es el principal riesgo que corren quienes recurren a la creación de cuentas falsas, reitera el especialista: “Para una campaña sería muy negativo que de un día a otro, el candidato pierda el 30 por ciento o la mitad de sus seguidores, y en Tamaulipas ha pasado”.

La operación de redes sociales en tiempos de campaña, incluye la creación de páginas que se encargan de difundir noticias falsas o por lo menos cuestionables para atacar a contrincantes. Son mensajes que los medios tradicionales no difundirían por no estar comprobadas.

Por eso, recurren a la “libertad’ que ofrece sobre todo Facebook, donde se reproducen la mayoría de las campañas negras contra políticos.

En los últimos años esta red social ha intentado limitar estas acciones, obligando a trasparentar cuáles publicaciones son pagadas y quién está detrás de ese financiamiento.

Sin embargo, esto no ha detenido la proliferación de posts negativos. Por el contrario, en las últimas semanas en Tamaulipas observamos la multiplicación de este tipo de páginas, sobre todo relacionadas con el proceso interno de Morena que recién terminó.

¿QUIÉN VIGILA EL DINERO?

En México, el artículo 215 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los partidos, coaliciones, aspirantes y candidatos independientes tienen la obligación de contar “con los contratos y facturas correspondientes a la propaganda exhibida en internet manifestado en los informes de campaña”.

También deben contar con una relación impresa que detalle la empresa contratada, fechas de exhibición de la propaganda, sitios donde se exhibió, el valor, entre otros requisitos.

La comisión de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó los lineamientos para la “verificación y monitoreo de anuncios en la vía pública, medios impresos, así como en páginas de internet y redes sociales” para el proceso electoral de 2021, y éste seguirá en curso para el 2022. Señala que “se solicitará a los proveedores de servicios en páginas de internet y redes sociales información a través de confirmaciones de las operaciones contratadas por los sujetos obligados y/o terceros durante el proceso electoral”.

Con el propósito de verificar que los candidatos hayan reportado correctamente sus gastos en promoción en redes sociales, los datos que el INE obtenga de los partidos y las redes sociales serán contrastados con los que el mismo Instituto recopilará a través del monitoreo de la propaganda, “publicada en páginas de internet y redes sociales por los aspirantes a candidatos independientes, precandidatos, candidatos, candidatos independientes, partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes”.

Pero una vez más, los expertos señalan que aunque en los informes de fiscalización que se le entreguen al INE los candidatos pueda no aparecer nada irregular, es muy probable que los políticos estén recurriendo a empresas especializadas, que precisamente les ayuden a manejar contenido sin ser detectadas.

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