Por: Mauricio Fernández Díaz
Ciudad Victoria.- Al acercarse las campañas de 2022 en seis estados del país, incluido Tamaulipas, crece la pasión de los partidos y de los aspirantes por el poder. En el caso de nuestra entidad, se destila ya una animadversión cada vez más clara entre grupos rivales, un tono más alto de agresividad. Por el momento es solo agresividad verbal, pero el siguiente paso es soltar los ataques a otro nivel.
Morena ha creído conjurar el choque entre aspirantes con un acuerdo de paz y unidad; ciertamente, ya se meten zancadillas unos a otros en redes sociales. En Tamaulipas, quienes más las reciben son los punteros Rodolfo González Valderrama y Américo Villarreal Anaya. Incluso el dirigente estatal del PRI, Edgar Melhem, ha denunciado presiones y chantajes con fines políticos. Conviene recordar lo que esos acuerdos y llamados a la civilidad son realmente: un montón de palabras y buenas intenciones. Eso no evita la violencia.
Lo único que frena el delito (y agresiones y amenazas lo son), lo único que asegura la paz es la aplicación de la ley y la vigilancia del orden público. Se trata, por lo tanto, de una responsabilidad del gobierno estatal. La tranquilidad de las campañas y la elección de 2022 está en sus manos. Los discursos de líderes y aspirantes a favor de la concordia pueden ayudar, pero no resuelven el problema de la inseguridad, ni depende de ellos. Las autoridades locales deben tomar en serio las amenazas y los indicios de violencia. Si dudan de su peligrosidad, pueden mirarse en el espejo de los comicios de 2021.
El proceso electoral 2020-2021 fue el segundo más violento en las últimas dos décadas. De las precampañas a las constitucionales, incluido el día la votación, se cometieron 1066 delitos contra políticos, colaboradores y simpatizantes. Al desagregar las cifras nos aparecen los horrores en toda su desnudez.
En la jornada de 2021 se cometieron 102 homicidios, 89 ataques contra colaboradores, 48 intentos de homicidio, 47 atentados contra familiares y 47 secuestros o privaciones de la libertad. Repetimos: todos estos delitos afectaron a candidatos, aspirantes, colaboradores y cercanos. Los agredieron a causa de su actividad política.
Quede al frente el número principal de esa campaña: 102 asesinatos. He aquí una advertencia contundente para lo que viene, sin ánimo abrigar malos deseos.
Por desgracia, nuestro optimismo desaparece cuando revisamos las cifras históricas de la violencia electoral en Tamaulipas. En el proceso 2017-2018, se cometieron 16 delitos durante las campañas. Para el proceso 2020-2021, se presentaron 24 incidentes, es decir, aumentaron 50 por ciento de una jornada a otra. Con esto, hay evidencia de una tendencia alcista de la violencia política en la entidad. Para 2022, toca a la administración estatal prevenir la ruptura de la paz y los hechos sangrientos, más cuando serán los últimos de su sexenio, y cuando carga ya con demasiadas denuncias y señalamientos por corrupción y otros crímenes.
Este Indicador de la Violencia Política en México, elaborado por la empresa consultora Etellekt, presenta otros datos inquietantes. Por ejemplo: de los 1066 delitos de la jornada de 2021, el 24 por ciento lo cometieron civiles armados. De los 102 asesinatos, el 66 por ciento se atribuye a este grupo, a los cuales se les llama también ‘comando armado’ en la prensa.
Atención, morenistas: el saldo de la violencia electoral en 2021 indica que 1 de cada 4 agresiones o delitos se cometieron en contra de militantes de Morena, es decir, el 26.8 por ciento del total.
Dejemos en palabras de la propia consultora Etellekt la conclusión de su estudio: “La violencia contra aspirantes y candidatos en el proceso electoral 2020-2021 sumó un total de 693 víctimas, esto representa un incremento del 68 por ciento con respecto a las 412 víctimas contabilizadas en el proceso concurrente de 2017-2018”.
La consultora hace notar que en Chiapas, durante el proceso 2020-2021, fueron asesinados 10 militantes de diversos partidos, la mayoría de ellos representantes de casilla.
En resumen, este es el momento para enfriar las réplicas enardecidas de aspirantes y seguidores en Tamaulipas. En Morena, debido a su proceso interno, los corazones laten aceleradamente y comienzan a cometer excesos. Pero en general hay un clima de permisividad y pesadez en todos los partidos que merece atenderse. Recordábamos líneas arriba la denuncia de Edgar Melhem contra el gobierno estatal por presuntas presiones para aceptar aliarse con el PAN. También la deserción de diputadas de Morena y de figuras del PRI, como Florentino Sáenz, anexadas al cabecismo, debe tomarse como una acción forzada o como una forma de violencia por ocurrir en un contexto de crisis política.
Desde hoy las autoridades estatales deberían comprometerse en público a lograr la meta de cero incidentes violentos en la elección de 2022. A menos que sean las causantes, desde luego, del problema que les toca remediar.
