Desde junio de 2012, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Grupo Elektra sostienen un pleito legal. En una primera fase, la jueza resolvió que la nueva metodología para medir el Índice de Precios y Cotizaciones, principal indicador del mercado mexicano, no sea aplique a la cadena de tiendas, pues va en perjuicio de sus derechos humanos. Ante esa resolución, la Bolsa demandó a la jueza por otorgar “ventajas indebidas”.
Ayer miércoles 26, la BMV denuncio que cuenta con elementos para inferir que, además de lo anterior, la jueza sostuvo contactos o comunicaciones con la cadena de tiendas, los cuales presuntamente violan los deberes de “imparcialidad y confidencialidad” que la impartidora de justicia debe guardar.
Ante la demanda de la Bolsa contra Josefina Rosey González, la jueza presentó por escrito su declaración ministerial con fecha del 26 de febrero de 2013. En ella, la jueza usó argumentos idénticos a los que Grupo Elektra vertió en una demanda de amparo contra una decisión del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Según denuncia la Bolsa, son tres los párrafos idénticos que usan la juez y la parte involucrada. En uno de ellos, la jueza dice: “…resulta claro que la emisión y el propio índice de precios y cotizaciones no son un servicio público federal, en tanto no constituyen, en ningún momento, servicios de intermediación, o que pongan en contacto oferta y demanda de valores centralizando postura…”.
Dicho párrafo, y otros dos anteriores, son prácticamente idénticos a los que usa Grupo Elektra en una demanda de amparo con fecha del 13 de mayo de 2013.
“… resulta claro que la emisión y el propio índice de precios y cotizaciones no constituyen en ningún momento servicios de intermediación que pongan en contacto oferta y demanda de valores centralizando postura”, dice el documento de Grupo Elektra. La única diferencia está resaltada en letras cursivas.
Comunicaciones indebidas
El representante legal de la Bolsa Mexicana de Valores, Carlos Riquelme Rodríguez, denunció ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales que ambos textos son utilizan las mismas expresiones, las mismas palabras, el mismo orden y la misma puntuación. Incluso, en párrafos previos usan una misma referencia bibliográfica.
“La existencia de textos prácticamente idénticos entre el presentado por la juez, y el de Elektra, permite suponer o inferir en forma probable un contacto o comunicación indebida entre la citada juez y una de las partes que ante ella litiga”, dice Riquelme Rodríguez en calidad de representante legal de la BMV, en la ampliación de la denuncia contra la jueza. Animal Político cuenta con una copia del documento y la pone a disposición de sus lectores.
“La juez sexta de lo civil presentó por escrito su declaración en febrero de 2013, por su parte, Elektra demandó amparo en marzo del mismo año. Conforme al orden cronológico en que se presentaron la declaración ministerial de Josefina Rosey González y la demanda de amparo, podría inferirse una violación al deber de imparcialidad que debió guardar la indiciada”, dice la denuncia de la BMV.
“Presumiblemente, la indiciada ha compartido información confidencial vinculada directamente con los hechos que se vinculan en la presente indagatoria”, agrega el documento. Por tanto, la BMV pide se ejerza acción penal en contra de la juez una vez investigados los hechos.
Para ver más de los párrafos idénticos que usan la jueza y la parte involucrada te presentamos íntegra la ampliación de la denuncia de la BMV.
