Ciudad Victoria.- Los jóvenes quizás desconozcan o recuerden poco al matrimonio formado por Ferdinand e Imelda Marcos, quienes gobernaron Filipinas veinte años por medio de la corrupción, el nepotismo y las amenazas.
Ferdinand Marcos era el presidente legítimo, pero Imelda lo era de facto. Cínicamente, ejerció como Ministra de Asentamientos Humanos a pesar del evidente conflicto de intereses con su esposo. Pero este es el comportamiento ordinario de la mente criminal, y nadie debería sorprenderse. Se creen más listos que todos y pasan por encima de la ley.
En Tamaulipas puede ocurrir lo mismo pero con una mujer al mando: Maki Ortiz Domínguez. Ella ya gobernó 5 años la ciudad de Reynosa, un primer periodo de tres años en 2016 y una reelección en 2018. Su hijo, Carlos Peña, acaba de sucederla como alcalde en 2021. Por otro lado, su esposo, Carlos Luis Peña, ya se comporta políticamente.
Cuando una familia es juez y parte en el gobierno, como los Ortiz Peña de Reynosa y los Marcos de Filipinas, desaparece todo sentido de la justicia, de la moderación y la legalidad. Ejemplo de esos abusos fue la colección hallada en el armario de Imelda Marcos: 1000 pares de zapatos acomodados por colores, estilos y marcas.
Hasta hoy, los Ortiz Peña están exentos de culpa, pero las condiciones son más favorables para corromperse que para pulirse.
En Reynosa no puede esperarse una administración transparente si entre madre, padre e hijo se autovigilan o supervisan. ¿O será que el alcalde Carlos Peña denunciará algún faltante en la Tesorería cuando la responsable sería su mamá? ¿O revisará a fondo los gastos del DIF municipal cuando el presidente es su papá? ¿O pensará auditar al presidente anterior de dicho organismo cuando se trata de él mismo?
Aunque la presidencia del DIF sea un cargo honorario y no ejerza directamente presupuesto, es una posición de poder, de control, de jerarquía. Es lo que busca aparentemente el clan Peña-Domínguez: ocupar los mejores cargos de la administración pública para su lucimiento personal, igual que los filipinos. Si no se trata literalmente de un delito es, al menos, un gesto nepotista y autoritario.
Fíjense en el juego perverso: siendo alcaldesa, en su segundo periodo, Maki Ortiz designa a su esposo, Carlos Luis, en la presidencia del DIF. Más adelante, en agosto de 2020, lo releva por su hijo, Carlos Peña. A su pareja sentimental, en la ceremonia, le rinde un sonado tributo: “Yo le reconozco su trabajo y tengo un gran respeto por él”.
Carlitos, desde el puesto, pasa de candidato a alcalde para el periodo 2021-2024. Le toca ahora nombrar al presidente del DIF. ¿Dónde lo irá a buscar? En la familia, por supuesto: su papá, Carlos Luis Peña Garza, recibe el encargo. Esto es muy reciente, apenas del pasado 14 de octubre.
Maki recorre ahora las ciudades de Tamaulipas para informar de los avances en Reynosa durante sus dos administraciones. La intención, sin decirlo, es otra: quiere influir en la elección del candidato de Morena a gobernador. Sea o no ella, quiere pesar en la toma de decisiones.
Pesada es más bien la investigación en su contra por un faltante de 176 millones de pesos, que presentó la entonces diputada Edna Rivera, de Morena. La cantidad corresponde a la cuenta pública de 2018, y la carpeta estaría ya en poder del Fiscal Anticorrupción del estado.
También ha incumplido la entrega de evidencia por un monto mayor a 100 millones de pesos a la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la cuenta de 2017, según el documento 2017-D-28032-15-1430-2018 1430-DE-GF, citado en Internet.
A su favor, ella aduce que la ASF ya aprobó la revisión de fondos federales correspondientes a 2018 y 2019. Es correcto, pero están pendientes de comprobación los ejercicios 2020 y 2021, y el mencionado de 2017. En algunos adelantos, se mencionan obras, asignaciones y contratistas que pronto saldrán a la luz.
Acostumbrada a ser juzgada únicamente por su esposo o su hijo, quienes le consienten todo, Maki Ortiz camina a ciegas, inconsciente del peligro. La familia no la va a salvar de un problema judicial o de un escándalo. Su verdadero juzgador es el Congreso Local, y el hombre que puede ordenar más auditorías o cancelarlas se llama Armando Zertuche Zuani, presidente de la Junta de Coordinación Política. Que no se le ocurra confiarse de él o creerse su gran amiga. Zertuche lidera la 65 Legislatura por decisión de la cúpula de Morena, misma que actúa bajo la mirada del presidente. López Obrador ya no quiere saber más de corrupción. Por eso repite en cada oportunidad ‘No robar, no mentir, no traicionar’.
Estos antecedes bastarían para eliminarla de la contienda por la candidatura de Morena a la gubernatura del estado. Nadie con cuentas pendientes, aunque no estén judicializadas, es elegible.
Pero la gente de Reynosa tiene más que lamentar que el resto de los tamaulipecos. Seguramente, Carlitos Peña, el hijo, buscará la reelección como alcalde en 2024. Y después le cederá el paso a su papá, Carlos Luis Peña Garza. Así, el proyecto familiar es durar 18 años en el gobierno municipal.
