Con la reforma al Código Penal también se sancionará a quien obligue a una mujer al trabajo sexual o prácticas similares en el estado.
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Los matrimonios forzados ocurren por situaciones de marginación y pobreza en comunidades indígenas, indicó la diputada Aurora López. (Cuartoscuro)
En Oaxaca, el pleno de la Cámara de Diputados local aprobó reformas al Código Penal para castigar con 15 años de cárcel, sin derecho a fianza, a quien promueva el matrimonio infantil forzado, principalmente entre niñas y mujeres indígenas.
La adecuación fue propuesta por las comisiones unidas de equidad de género, derechos humanos y administración de justicia, en la que los legisladores acordaron una reforma integral al segundo párrafo del Artículo 28 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en Oaxaca.
La reforma, aprobada por 38 de 42 votos, estipula aumentar la sanción hasta 15 años de prisión sin derecho a fianza a quien obligue a contraer matrimonio a una persona menor de edad, ya sea de manera gratuita o a cambio de pago en dinero o en especie entregada a sus familiares.
La ley también contempla sanciones contra cualquier otra persona o grupo que ejerza autoridad sobre la mujer y la obligue al trabajo sexual, al trabajo forzado o prácticas similares, aun cuando se haya obtenido el consentimiento de la persona.
La diputada Elisa Zepeda Lagunas consideró que la reforma es un avance legal para las mujeres en Oaxaca, que pondrá fin a la impunidad que existía en la materia pues, recordó, el estado ocupó el tercer lugar a nivel nacional en matrimonio infantil, con el 39.17 por ciento, después de Chiapas, que tiene el 44.82 por ciento, y Guerrero, que registra 42.41 por ciento.PUBLICIDAD
“Ahora con la ley, entrará en vigor el 1 de octubre, quedará prohibido el matrimonio infantil y quienes lo promuevan, incluso cuando se trate de familiares, ahora pagaran con cárcel”.
En tanto, la diputada Aurora López dijo que, al terminar con el matrimonio infantil, se asegura el destierro de esta práctica nociva que perjudicaba la vida de las niñas y las mujeres, pues se trata de una práctica que afecta también el desarrollo de los pueblos y comunidades de Oaxaca.
Señaló hay 300 casos denunciados ante organismos de derechos humanos que están en proceso y fueron reportados en zonas rurales. Además, mencionó que los matrimonios forzados ocurren por situaciones de marginación y pobreza en muchas familias indígenas, pues «venden» a sus hijas por dinero o por ganado y gallinas; asimismo, comentó que también hay casos donde las mujeres son abusadas sexualmente y después se les obliga a casarse con su agresor.
