Por Oscar Díaz Salazar
Uno de los temas que han ocupado la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador, es el de la corrupción en el Poder Judicial. En principio me parece lógico y muy conveniente, -para AMLO-, que ubique la corrupción en una rama del gobierno que no es la que él mismo encabeza (el Poder ejecutivo), ni la asamblea en la que es mayoría la coalición que lo postuló como candidato a presidente (Poder Legislativo).
El Poder Judicial ha escapado tradicionalmente del escrutinio de los medios de comunicación. Poco se sabe de lo que ocurre en ese mundo de magistrados, jueces, secretarios y abogados litigantes.
Para cotejar las versiones de López Obrador, con lo que ocurre realmente en el Poder judicial, recurrí a varios de mis amigos que han tenido contacto, como abogados litigantes, con esa institución a la que hoy se acusa de ser la causa de todos los males de la patria y de estar obstaculizando la Cuarta transformación a la que intenta llevarnos el presidente López Obrador.
La información que obtuve de lo que sucede en el poder judicial, o para ser más precisos: en las oficinas del Poder judicial en Tamaulipas, corrobora los dichos y acusaciones que en diversas ocasiones ha expresado el Jefe del Poder Ejecutivo Federal. De acuerdo a mis «fuentes», abogados que gozan de buena fama, prestigio y reputación y que tienen experiencia como litigantes, el Poder judicial, federal y local, de Tamaulipas, es un sitio donde abundan los disimulos, moches, trafiques; donde la justicia se demora, se omite, se vende, se alquila, se pospone, se soslaya, se tuerce y se niega.
Para probar esa opinión tan negativa que tienen de jueces, secretarios, auxiliares, magistrados, proyectistas, etc., me comparten algunas historias.
Me señalan que hay jueces que no fueron a la escuela, que compraron el título.
Me recuerdan que las Magistradas que estrenaron el cargo en este mismo año, no cumplen los requisitos de ley y no tienen carrera en el Poder judicial.
Me platican de una práctica denominada «robo de casos» en la que incurrían con frecuencia funcionarios segundones que hoy son prominentes miembros del Poder judicial de Tamaulipas y que consiste en indicar a los familiares de los acusados o detenidos que cambiaran de abogado, para resolver favorablemente los asuntos. El moche por fallar a favor del acusado, lo disfrazaban de honorarios por servicios profesionales. Unos abogados hacían el trabajo y eran otros a quien le daban las Gracias.
Me comentan de un incidente ocurrido años atrás, en el que participó un encumbrado miembro del Poder judicial de Tamaulipas, que tuvo la osadía de «agarrar el pedo» en las oficinas donde laboraba, -de la federación-, y al calor de las copas, consumir en su totalidad las muestras de sustancias decomisadas y bajo resguardo de la dependencia.
También me refieren del abogado segundón de un Juzgado federal que aportó cien mil dólares a una campaña de presidente municipal, con el compromiso de que si se lograba el triunfo, lo nombraran Secretario del Ayuntamiento.
Esta es una pequeña muestra de los antecedentes de los integrantes del Poder Judicial. Omití decenas de casos que me comentaron, de asuntos «arreglados» con dinero y de injusticias que se cometieron porque el dinero lo aportó la contraparte.
