El cuñado de Ávila Olmeda contrató a empresa que dictamina adeudos millonarios de agua: Bonilla

TIJUANA, BC (apro).- El gobernador Jaime Bonilla Valdez reveló que Luis Alonso Torres Torres, cuñado de la futura gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue quien contrató a la empresa que dictamina los adeudos millonarios de agua.

Y de forma velada dejó ver que cuenta con documentos y elementos para investigar al hermano del esposo de Ávila Olmeda.

Las diferencias entre Bonilla y la futura gobernadora tienen como origen el agua, su manejo y sus beneficios, un tema sobre el que aquel tiene amplio conocimiento e incluso sabe los millones que vale.

Desde el inicio de su gobierno, en noviembre de 2019, Bonilla enfiló sus baterías al asunto del agua y, junto con la empresa Fisamex, su administración revisó contratos en los que se detectaron adeudos multimillonarios. Los afectados recurrieron al amparo y exigieron que la nueva administración les regrese el dinero.

Marina del Pilar Ávila adelantó que cancelará el contrato con Fisamex, por dudas en su forma de trabajar.

Diez días tardó Bonilla en mostrar con documentos que detrás de Fisamex y su contratación estuvo el cuñado de la futura gobernadora, pero además acusó a los exfuncionarios que firmaron el contrato de usar a la empresa no para recuperar dinero para el erario estatal, sino para negociar sobornos con los deudores.

Sostuvo que su gobierno no escogió a Fisamex, sino que la empresa fue “heredada” por el gobierno panista saliente y del cual formó parte Luis Alonso Torres Torres.

Durante su transmisión, Bonilla presentó el contrato negociado en octubre de 2018 y firmado en enero de 2019. Torres Torres signó como subdirector de atención a usuarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos.

“Me llama la atención quien lo firma… curiosamente aparece Luis Alonso Torres Torres que ¿es qué?”, preguntó Bonilla, y de inmediato la secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa Martínez, le respondió: “hermano del esposo de la gobernadora electa”.

El gobernador aclaró de inmediato que el contrato lo heredó de la anterior administración, panista, y fue la que decidió pagarle 25% a Fisamex sobre lo que se pudiera recuperar de adeudos.

En cambio, detalló, cuando se enteraron que la empresa demandaría al gobierno morenista por incumplimiento de contrato, de noviembre de 2018 a octubre de 2019 no se realizó ya ningún cobro de los adeudos que Fisamex presentaba por falta de medidor o robo de agua.

Y, así, el gobierno de Bonilla negoció seguir con el contrato, pero disminuyó la comisión de 25% a 20%, a cambio de que no se demandara.

“Nomás que quede claro cuando hablan de que van a cancelar el contrato. Hay que ver dónde se originó y quién realmente era… era muy buena decisión, lo malo es que lo usaron nada más para dictaminar y obtener beneficios personales, no para que el dinero entrara al erario”, recordó Bonilla a la próxima gobernadora.

Añadió en tono de sorna: “por eso están en contra de la municipalización (trasladar los organismos operadores de agua del estado a los municipios), cuando en campaña estuvieron a favor… De repente decimos ‘no’ ¿Cómo vamos a acomodar a mi cuñis?”

Y es que Ávila Olmeda no sólo anunció que cancelará el contrato con Fisamex, también dijo que es probable que la reforma que autoriza el traslado del organismo operador del agua del estado a los municipios “se puede caer” por tener vicios durante el proceso legislativo.

Previo a la revelación del contrato y de elo firmó, se dio a conocer el encuentro de Marina del Pilar Ávila Olmeda con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, y los secretarios de Turismo y de Relaciones Exteriores, Miguel Torruco y Marcelo Ebrard, respectivamente.

En diversos medios se comentó que, en esa visita a la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a Ávila: “La nueva gobernadora eres tú”, sin precisar si el comentario tenía que ver con Bonilla, quien a tres meses de dejar el cargo elaboró la iniciativa de reforma del agua.

Con esta revelación del contrato y la participación del cuñado de la futura gobernadora, Bonilla lanzó una clara advertencia a su sucesora de hasta dónde puede llegar si continúa rechazando los cambios impulsados por él.

Asimismo, acusó a los exfuncionarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos (CESP) de usar los dictámenes de Fisamex para sobornar a los deudores y “arreglarles” la deuda de por ejemplo 20 millones con la entrega de 2 millones de pesos.

A su vez, Vicenta Espinosa dejó entrever que se harán las indagaciones y denuncias correspondientes si es el caso.