Gobernadora electa de BC prevé controversia constitucional para frenar reforma del agua de Bonilla
MEXICALI, BC. (apro).- “Sí hay muchas posibilidades que la reforma se caiga”, adelantó Marina del Pilar Ávila Olmeda, próxima gobernadora del estado, al referirse a la municipalización del agua que la semana pasada aprobó el Congreso Local a propuesta del aún gobernador, Jaime Bonilla.
Pero no solo eso, Ávila Olmeda adelantó que ya no contará con la empresa privada Fisamex la cual fue contratada por el gobernador Jaime Bonilla para cobrar adeudos atrasados. De acuerdo con el gobierno actual, han detectado falta de pagos por más de 6 mil millones de pesos y de ellos se han recuperado poco más de mil 700 millones de pesos.
Y aunque Bonilla se ha jactado de que ahora sí se paga el agua y se esta cobrando a quienes por muchos años evitaban cubrir los recibos, las empresas se han amparado por lo que la próxima gobernadora tendría que regresar los cerca de 2 mil millones de pesos.
Por lo que se refiere a la municipalización de los servicios de agua potable, la próxima gobernadora dijo que es una iniciativa bondadosa, pero no es el momento de aplicarla, además de que hay temas legales que no se cubrieron para su aprobación. “… no se cumplieron términos procesales parlamentarios, no se cumple el 115 constitucional, entre otras varias cosas”, expresó.
Marina del Pilar Ávila expresó: “el proceso de transición todavía no iniciaba; fuimos respetuosos con los tiempos, no hemos entrado a un análisis profundo de cada una de las dependencias del estado. En análisis rápido podemos concluir en que estamos hablando de un impacto financiero presupuestario importante”.
Y aseguró: “vamos a seguir cobrando el agua y de manera justa”.
Lo anterior significa que la municipalización del agua no podrá darse por el momento, y que los más de 6 mil millones de pesos que dejarían de entrar a las arcas del estado al trasladar la comisión estatal de servicios públicos a los ayuntamientos, no se cristalizará.
Adelantó que podría haber una controversia constitucional para frenarla.
En una clara división entre el gobierno de Bonilla que concluirá el 31 de octubre y su sucesora, la también morenista, se manifestó en contra de ampliar a nueves años el periodo del Fiscal General del Estado, iniciativa que Bonilla envió al congreso.
A su vez, el secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien hoy acudió al Congreso Local a entregar el segundo y último informe de gobierno de Jaime Bonilla, aclaró que no hay distanciamiento con la próxima gobernadora, sino solo temas en los que no coinciden, pero también aclaró que Bonilla es gobernador hasta el 31 de octubre por lo que tiene la facultad para realizar dicha reforma del agua.
A partir de hoy arrancó el primer periodo de sesiones de la XXIV Legislatura, misma que resultó electa el pasado 6 de junio.
